08/11/2019

Que las y los chilenos seamos los protagonistas

Que las y los chilenos seamos los protagonistas

Alexander Rüstow, sociólogo y economista alemán, quien acuñó el concepto de “neoliberalismo”, constató que si la sociedad se encomienda únicamente a la ley mercantil neoliberal se deshumaniza cada vez más y genera convulsiones sociales(*). Que duda cabe que nuestro país está experimentando una de las más potentes convulsiones sociales desde el retorno a la democracia, […]


Alexander Rüstow, sociólogo y economista alemán, quien acuñó el concepto de “neoliberalismo”, constató que si la sociedad se encomienda únicamente a la ley mercantil neoliberal se deshumaniza cada vez más y genera convulsiones sociales(*).

Que duda cabe que nuestro país está experimentando una de las más potentes convulsiones sociales desde el retorno a la democracia, estallido que parte hace aproximadamente 20 días, precedido por una semana previa de movilización de escolares que evadieron el pago del boleto de Metro, por haber éste subido su valor en 30 pesos.

La cosa prendió y, tanto es así que hemos sido testigos (en mi caso presencial) de marchas que han reunido en el país a más de dos millones de personas, exigiendo que muchas cosas deben cambiar, todos víctimas de la deshumanización de nuestro modelo neoliberal de sociedad que ha mercantilizado la salud, la previsión, la educación, los medicamentos, que nos tiene con sueldos y pensiones de hambre para importantes segmentos de chilenos, no obstante la modernidad, pujanza y exitismo de nuestras élites, cada vez más preocupadas de perfeccionar y pulir el modelo (llamado “Mercedes Benz”, para el caso de las pensiones, por su creador).

Lo sorprendente es que, a esta fecha, no vemos por una parte que el malestar social haya disminuido y, por otro lado, tampoco vemos que el mundo de la política y, en particular el Gobierno, hayan logrado calibrar la magnitud del problema que enfrenta nuestra democracia. En efecto, el estallido social no responde a ninguna de las directrices que pudiere impartir fuerza política alguna, por mucho que varios hayan querido presentarse como los eventuales voceros de dicho malestar y, en consecuencia, estamos ante un movimiento sin un interlocutor claro que pueda canalizar las diversas demandas surgidas de las inequidades que han motivado a muchos a salir a la calle.
Un estallido de esta magnitud, inevitablemente, lleva consigo la aparición de fenómenos que creíamos superados, como son el creciente aumento de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas llamadas a reestablecer el orden público; el surgimiento de grupos que, aprovechando la manifestación legitima, desatan todas sus bajas pasiones para saquear, destruir y dañar a otros. En este punto soy enfático: nada justifica la violencia desplegada en contra de los bienes públicos que nos sirve a todos, así como el saqueo y los delitos que, a vista de todos, se cometen por algunos que empañan las legitimas movilizaciones. Pero de la misma forma, me surge la duda razonable respecto de la manera en que, las fuerzas llamadas a reestablecer el orden público, entienden que deben desempeñar su labor. En efecto, en todo tipo de movilización – inclusive anteriores a este estallido – siempre ha existido una gran mayoría de participantes que lo hacen de manera pacífica y, de manera muy focalizada, un grupo reducido de antisociales que recurren a la violencia y al enfrentamiento con la fuerza pública. Pues bien, lo que parece lógico, que la fuerza pública identifique y actúe focalizadamente respecto de estos grupos reducidos de antisociales, es precisamente lo que no ocurre. No entieno la razón que lleva a las fuerzas del orden a reprimir, indistintamente, a los que se manifiestan pacíficamente y a los antisociales, generando con dicho accionar el aumento de una espiral de violencia, sin que se traduzca en la detención de algunos de aquellos que, efectivamente, estaban cometiendo actos de violencia injustificada, al margen del ejercicio del derecho a manifestarse.

Pareciere que todos los medios tecnológicos (drones, cámaras, etc) no son suficientes para identificar esos focos de desmanes y disponer que sólo en ellos se concentre el accionar policial, respetando a todos los demás ciudadanos que, pacíficamente, estan ejerciendo su derecho a manifestar. Me resisto a creer que no se puede mejorar los protocolos de intervención policial en esta materia y, se podría pensar que lo que en realidad se busca, es desincentivar todo tipo de manifestación, aun cuando sea pacífica y ordenada.

El punto delicado es que, es altamente probable que las manifestaciones se mantengan en el tiempo, mientras no tengamos una respuesta de fondo a las inequidades que han quedado al desnudo luego de este estallido. Tenemos un Gobierno que juega a la especulación, que señala de manera majadera que “hemos escuchado” que “hemos tomado nota”, que “estamos estudiando las alternativas” pero que en ningún momento es capaz de articular una respuesta de fondo y real a las urgentes demandas ciudadanas.

Tenemos un Presidente de la República que, luego de criminalizar a todo el que se manifiesta, procedió en vivo y en directo a declarar la guerra a un enemigo poderoso, militarizando nuestras ciudades y pueblos (con toda la violencia que esto desató) ofreciendo una agenda social que no era más que un refrito de todos los proyectos de ley que su administración ha presentado, ofreciendo un cambio de gabinete que sólo se tradujo en cambio de caras y no de forma de gobernar, resistiéndose de manera reiterada a abordar el verdadero tema que encausaría la salida de esta crisis, que no es otro que el de dar inicio a un proceso constituyente que culmine con la redacción de una Nueva Constitución para Chile. Si, es efectivo que la Constitución no es la varita mágica que soluciona todos los problemas, pero no es menos cierto que una Carta Fundamental legitimada por todas y todos, surgida desde la ciudadanía, genera el marco de respeto y de reconocimiento del que se han sentido marginados extensos sectores de nuestra sociedad, que sienten que el actual ordenamiento institucional esta hecho para proteger los intereses de aquellos que han abusado de su posición de poder durante décadas. Una nueva Carta Fundamental es la piedra angular desde donde se construye el respeto y el compromiso de cada ciudadano para con una institucionalidad democrática, hoy cada vez más venida a menos.

En ese orden de ideas, pareciere que el Presidente de la República piensa que va a ser capaz de encausar esta crisis con su agenda antisaqueo, antidelincuencia, antibarricadas,convocando al efecto al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), impulsando su agenda social, haciendo oídos sordos para abordar los verdaderos problemas estructurales de nuestra democracia.

En mi opinión, la única forma que tiene el Primer Mandatario de encausar esta crisis es señalando, de manera muy clara, que transcurridos 60 días desde que se ponga término a los episodios de desorden público, se va a llamar a un plebiscito para preguntarle al soberano si desea tener una Nueva Constitución o mantener la actual y, en el evento de que se quiera una nueva constitución, con qué mecanismo ésta se va a generar. ¿Qué incentivo más poderoso puede existir para que volvamos a una suerte de nuevo orden?, a la espera del acto plebiscitario, con el desarrollo de una potente acción ciudadana tendiente a plantear todos los desafíos que significa dar inicio a un proceso constituyente.

No creo que la “lista de supermercado” de medidas tendientes a responder, en lo inmediato, a los “problemas de la gente” sea suficiente para aplacar el malestar ciudadano. Si bien son medidas necesarias y urgentes, importantes de implementar, cabe recordar que el principal problema que hoy tiene nuestra democracia – al margen del tremendo abuso que ha experimentado un importante segmento de la sociedad – es la más absoluta desconfianza que existe de parte de la ciudadanía respecto de toda la clase política, a quienes se mira como cómplices en dichos abusos, preocupados de sus propias parcelas particulares de poder, encerrados en los salones donde se toman las decisiones, desconectados de la realidad de tantas y tantos chilenos. No será ninguna fuerza política la que pueda hablar por los millones de chilenos que salieron a las calles, sino que la clase política tendrá que abrirle espacio al soberano para que, en un plebiscito, decida cómo es la sociedad en que se quiere que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Llegó el momento en que las y los chilenos seamos los protagonistas.

* Byung –Chul Han, “La expulsión de lo distinto”, página 26.

Sobre el autor:

Abogado, ex Subsecretario General de Gobierno.

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