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La decisión de la Contraloría podría provocar un remezón en algunos casos relacionados con platas políticas, debido a que se podrían reabrir causas que aún están en el rango establecido de 5 y 10 años de prescripción.

“Los correos que se exhiben en 2009 muestran claramente que como parte de mi colaboración en la campaña presidencial del Presidente Frei, y por instrucciones de su comando, yo le informé al entonces representante de OAS en Chile, el mecanismo legal y formal de aportes reservados que cualquier empresa chilena (como era OAS Chile) debía conocer”, sostiene el ex operador político.

“En ninguno de los casos en que se investiga financiamiento irregular de la política un fiscal ha perpetrado una acto tan discriminatorio y arbitrario. Confío en que la Justicia ponga límite a este linchamiento del que he sido objeto y, aunque sea tarde, me permita defenderme", sostuvo el ex senador de la UDI.

El fallo de primera instancia confirmado ordenó pagar a la empresa minera no metálica y a sus filiales, la suma única a beneficio fiscal de $900.000.000 (novecientos millones de pesos), dentro del plazo de 60 días una vez ejecutoriada dicha resolución, ante la Tesorería de General de la República.

"Hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía a raíz de las decisiones que se han tomado en las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Me estoy refiriendo a los casos Penta, SQM y Corpesca a partir del año 2014. Los motivos están bastante claros (...) a partir de las cosas que han sucedido, nos parece que la decisión que deberíamos tomar es ésta y la hemos presentado hoy", explicó el fiscal Carlos Gajardo.