Tras la crisis social que se arrastra por un mes y medio, el número de delitos relacionados con el orden público y el daño a la propiedad pública y privada han incrementado en forma considerable.

Lo anterior ha generado una guerra de declaraciones entre el gobierno e instituciones judiciales por la persecución de los delitos.

Basta indicar que apenas ayer el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla afirmó que “muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña” al referirse a la falta de evidencia que se logra recopilar para perseguir judicialmente a los detenidos en este período.

Y hoy en la mañana, el Fiscal Nacional Jorge Abbot declaró que “vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar”, respondiendo también a las declaraciones de Ubilla señalando que “el subsecretario del Interior y los ministros del Interior de todos los gobiernos, cada vez que hay un procedimiento policial exitoso, aparecen junto con las policías, a veces con los oficiales (…) pero cuando hay fracasos o teóricamente críticas, no, es el Ministerio Público. Es decir, las utilidades las hace el Ministerio del Interior y las pérdidas, el Ministerio Público”.

[Lea en detalle: Abbott acusa al Gobierno de llevar a una sede penal un conflicto que es social y político]

En repuesta al Fiscal Nacional, después del mediodía la ministra secretaria general de Gobierno, Karla Rubilar, salió al paso de sus declaraciones comentando que “creemos que esta es una tremenda oportunidad y cada uno de nosotros, más que defenderse, debemos aprovechar esta oportunidad para ser mejores”, recalcando que “la Fiscalía, en vez de defenderse, aproveche esta oportunidad para ser una Fiscalía mejor que hace 48 días atrás”.

Añadió que “la Fiscalía tiene mucho que decir y yo creo que puede ver esto como una tremenda oportunidad de mostrar su trabajo, cómo lo hace, dónde hay deficiencias, cómo podemos reforzarlo, si hay problemas legales, legislativos de código penal, de atribuciones, de herramientas“.

Momentos después, y tras participar en la sesión extraordinaria de coordinación del sistema penal, el fiscal Abbott volvió al ataque, declarando tajantemente que “desde el Ministerio del Interior parecieran no haber leído las cifras que nosotros hemos entregado: hemos pasado a audiencia de control de detención más de 30 mil personas, hemos formalizado a más de 20 mil personas. Tenemos a más de dos mil cincuenta y tantas personas en prisión preventiva, entre ellas, 99 en internación provisoria”, aludiendo a los resultados de la labor del órgano persecutor desde el 18 de octubre a la fecha.

Para respaldar sus dichos, Abbot se refirió a lo abordado en la reunión mencionada, en la que también participaron el ministro de Justicia, Hernán Larraín y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señalando que en esta se calificó como bueno el trabajo de los tribunales, Ministerio Público y Defensoría.

“La conclusión de la comisión es que el Sistema de Justicia ha funcionado bien… han funcionado bien los tribunales, ha funcionado bien la Defensoría, también el Ministerio Público… el Estado de Derecho está funcionando perfectamente”, destacó.

Además, manifestó que el gobierno está haciendo una evaluación errada, en base a la percepción ciudadana y no a datos objetivos, haciéndoles un llamado a asesorarse de instancias técnicas.

Concluyó declarando que “en algunas ocasiones hemos cometido algunas equivocaciones y lo hemos reconocido. (…) Estamos dispuesto a reconocer nuestros errores, pero no estamos dispuestos a aceptar que se nos traspasen responsabilidades que le comprenden a otras autoridades”.

Dura respuesta ante críticas

En tanto, el fiscal regional de la zona oriente de la Región Metropolitana, Manuel Guerra, fue aún más tajante en entrevista con Radio Pauta para rechazar las críticas dirigidas a la labor de la Fiscalía, al señalar que “está bueno que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio cuando a un gobierno le va mal en materia de seguridad. Aquí hay una cosa muy clara, el Ministerio Público actúa una vez que se cometen los delitos. ¿Cuál será el aparato de inteligencia para detectar que se podía generar una revuelta de esta naturaleza? En la gran mayoría de los casos Carabineros, no es que no quiso, no pudo llegar por la múltiple cantidad de eventos. ¿Cómo nosotros vamos a poder formalizar gente si no tenemos elementos probatorios? Yo creo que está bueno de entrar a buscar de quién es la culpa”.

Añadió al respecto que “estamos actuando conforme a la ley que nosotros no creamos. Recién ahora se está planteando una agenda de seguridad para elevar las penas de ciertos delitos y tipificar ciertas conductas que no estaban especificadas en la ley. Pero se pretende bajo todo evento responsabilizar al Ministerio Público, y si no es el Ministerio Público, es el Poder Judicial porque deja feliz a la gente. Pero la gente elegida en el Parlamento no somos nosotros, y están reaccionando ahora. Ahora se dieron cuenta que el robo en lugar no habitado tenía baja pena, que el tema de los encapuchados y las barricadas era relevante”.

Una mano amiga

Por otro lado, el ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, comentó que “yo no soy quién para defender al Ministerio Público, pero sólo digo que es mucho más fácil arrancar que perseguir, y cuando usted persigue en los términos que dice la ley tiene que tener extremo cuidado si no, no está respetando los derechos de las personas”.

Consultado sobre el fuerte intercambio de declaraciones entre Jorge Abbott y los abogados del gobierno Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik apuntando a las salidas alternativas obtenidas en el caso Penta (donde ellos actuaron como defensores), Cisternas respondió “sin comentarios“, aunque comentó en general que “esta sensación de impunidad a que se hace referencia tenemos que colocarla en el contexto. Es una gran cantidad de saqueos y atentados de toda especie, no es fácil la labor de las policías para detectar y aprehender a esas personas, y la del Ministerio Público para acumular pruebas que le permitan llegar con alguien al tribunal y poder formalizarlo, de eso no podemos extrañarlos. Y tampoco podemos extrañarnos de que el juez de garantía no deje en prisión preventivo a estas personas o a muchas de estas personas”.

“Siempre quisiéramos que la justicia fuera justa y rápida. En la cultura de hoy, cuando se toma el teléfono, marca dos teclas y se comunica con Corea, no tenemos la mentalidad de avanzar con calma y reposo, que es lo propio de la justicia que debe reconstituir (los hechos)”, destacó el ministro del máximo tribunal nacional de justicia, explicando además que “en todos estos procesos el Gobierno es parte, los querellantes son parte, los imputados tienen a su lado la Defensoría Penal Pública, (…) entonces todo esto tiene que irse trabajando para que luego el juez pueda disponer. Por una parte, está la sensación de castigo y por otra la necesidad de respetar los derechos de las personas, y eso el juez debe balancearlo debidamente“.

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