Este jueves por 70 votos favor, 53 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora de todos los actos de gobierno relacionados con la estrategia del Ministerio de Salud en torno a la habilitación de inmuebles para la atención de enfermos Covid-19, en especial, la contratación de “Espacio Riesco” o “Centro Hospitalario Huechuraba”.
Según el informe final, dado a conocer a la Sala por la diputada presidenta de la Comisión, Karol Cariola (PC), la habilitación de Espacio Riesco como recinto de salud para descongestionar, principalmente, el Hospital San José, no cumplió su objetivo.
Esto se desprende de las declaraciones de los funcionarios del Hospital San José, agrupados en FEDEPRUSS que, según el informe, dan cuenta de los severos problemas con que se inició el proceso de contratación y puesta en funcionamiento del “Centro Hospitalario de Huechuraba”.
Tras la realización de 9 sesiones, se consiga en el informe, que con el desarrollo de la Pandemia, el criterio de atención de Espacio Riesco, cambió ya que en un primer momento estaba constituido por pacientes con patologías básicas no covid-19, mientras que con el correr de los meses se hospitalizó a pacientes covid de muy baja complejidad.
La historia dice que….
El 24 de marzo de 2020 con una puesta en escena en el recinto, el Presidente Sebastián Piñera junto al entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, recorrió las instalaciones de Espacio Riesco, para dar a conocer como se estaba habilitano este tradicional recinto de eventos y carretes en un centro hospitalario especial para atender a enfermos de Covid-19, y con ello se suponía que no habría colpaso del sistema público hospitalario, e hecho el propio Piñera aseguro: «Tiene capacidad para 800 personas que requieren tratamiento». El día 25 de marzo el ministro Jaime Mañalich informaba que «…el costo máximo que va a pagar el Estado por estos lugares es de 0,2 UF por metro cuadrado, que equivale a un arriendo de una bodega sin ninguna sofisticación, pero que también nos parece un precio justo dado que estas instalaciones hoy día no tienen prácticamente ningún uso alternativo; estoy hablando de hoteles por ejemplo, donde la ocupación es prácticamente cero”.
Pero esta «maravilllosa» noticia (palabra favorita del actual y malhumorado ministro Enrique Paris) se cayó a pedazos el diciembre pasado, ya que los dueños de Espacio Riesco acusaron al Gobierno de tener una deuda que asciende a más de cuatro millones de dólares, equivalentes a tres de los cinco meses en que el centro recibió pacientes con Covid-19 y el gerente general del centro de eventos, Sergio Gutiérrez, indicó que se les adeudaba “2.900 millones de pesos más IVA”, todo muy lejos los montos divulgados por La Moneda.
El informe en la Cámara
Según los trabajadores del Hospital San José, estas camas adicionales no ayudaron a disminuir el colapso permanente que vive el Servicio de Urgencia, ni la falta de camas al interior del hospital.
La Comisión Investigadora concluyó en su informe que las autoridades sanitarias, prefirieron “todo tipo de alternativas tendientes a otorgar prestaciones a recintos privados transitorios, no habilitados debidamente para la atención de la población, en vez de invertir en el reacondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura pública con que cuenta el Ministerio de Salud”.
Al respecto se estableció que, pese a la existencia de otros recintos pertenecientes al sistema público, o infraestructura factible de ser reacondicionada para la emergencia, las autoridades sanitarias optaron por la contratación de otros recintos privados de orden transitorio.
Esta acción contempló una serie de gastos, sin considerar que estando en vigencia la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe el Presidente de la República quedaba expresamente autorizado para establecer todo tipo de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
La Comisión constató además que, la contratación de funcionarios y trabajadores que se desempeñaron en el centro hospitalario Huechuraba, se hizo a través de empresas externas, como Medical Care. Por lo que, si bien, se encontraban bajo la tutela de la autoridad sanitaria y del servicio de salud, no tenían ningún tipo de responsabilidad administrativa.
Por lo anterior, la comisión se formó la convicción de que se cometieron irregularidades y vulneraciones de los derechos laborales de las y los trabajadores, contratándose personal transitorio y despidiéndolos apenas se terminó el uso del espacio arrendado, conclusión que fue aprobada finalmente por la sala
Contratos y Valores
La Comisión Investigadora llegó a la convicción que la contratación del centro Espacio Riesco como recinto hospitalario, adoleció de severas irregularidades.
“En ningún momento de la investigación aparecieron antecedentes que justifiquen los altos precios pagados por el recinto; no se aprecian mecanismos que hubiesen permitido garantizar la entrega oportuna de las prestaciones, no se establecen multas ni amonestaciones que sirvan para que el arrendador cumpla”. Además, se hace hincapié en que el contrato contiene una cláusula de renovación automática sin motivo fundado.
Según el informe aprobado por la sala de la Cámara, el Servicio de Salud no ha aportado antecedentes que sustenten los valores que se asignan a las distintas prestaciones. De esta forma, se pone en tela de juicio que los precios acordados sean justos y adecuados, acarreando, con esto, un perjuicio fiscal.
La Comisión Investigadora pudo constatar que en la firma del contrato de arriendo de “Espacio Riesco”, como el de prestación de servicios de “Centro Hospitalario Huechuraba”, la autoridad sanitaria actuó de manera contraria a derecho, causando perjuicio al Estado y a todos los chilenos. Con la firma de estos documentos se estableció además un acuerdo vía doble contrato, “abusando así, de la facultad de trato directo por el arriendo de una bodega, por el cual se terminó pagando dos veces lo mismo”.
Recomendaciones
El informe aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados solicita la instrucción de sumarios e investigaciones administrativas en el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.
También pide al Tribunal de la Contratación Pública, su más pronto pronunciamiento respecto de la legalidad de contratos y del proceder de las autoridades involucradas.
