Catalina Parot, Rojo Edwards y Luciano Cruz-Coke, los políticos que están pasando ‘piola’ detrás del escándalo de Karina Oliva

El estallido social de octubre de 2019 se produjo por casos como los de Corpesca, SQM, la Ley Longueira, y muchos casos más de corrupción política que han quedado en la más completa impunidad y aquellos que han sido sancionados, las penas han sido irrisorias con “clases de ética” o acuerdo de pago de multas en cuotas como lo ocurrido con el senador UDI, Iván Moreira, quien logró un acuerdo con la fiscalía para zafar a las penas que enfrentaba en el caso Penta pagando en 12 cuotas mensuales el monto de las boletas falsas.

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La fenecida candidatura senatorial de Karina Oliva ha sacudido el espectro político en poco más de 24 horas, luego que Ciper Chile publicó los abultados sueldos de los asesores de la entonces candidata a la Gobernación Metropolitana, ya que incluso en un espectáculo televisivo personal del GOPE procedió a allanar la sede de Comunes, partido de Oliva, con un inusitado despliegue de poder que ha provocado la crítica transversal. Sin embargo, la nota periodística que dio paso a esta nueva crisis de la política chilena incluye otros nombres que están pasando desapercibidos, incluso hay una otrora candidata a gobernadora que no ha sido cuestionada con la vehemencia que se ha percibido con Oliva.

Se trata de sempiterna candidata y siempre derrotada Catalina Parot, quien a pesar de sus aspiraciones a obtener un cargo elegido por la ciudadanía, siempre cae dentro del espectro de la designación a “dedo” donde sus últimas actuaciones aparecen en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y como secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional. Parot la que misma que lloriqueba exigiendo ayuda económica para pagar su campaña.

Parot fue objeto de burla por tener la patudez de pedir que los partidos le pagaran su nueva derrota electoral.

Incluso, Parot tras su derrota en la campaña de la Gobernación tuvo que pedir ayuda a los partidos políticos que la apoyaron, debido a la millonaria deuda que adquirió para llegar a ocupar un cargo de representación popular y que nunca ha logrado:vamos aclarando: ellos me pidieron que fuera su candidata y, como estos son proyectos colectivos, espero que también me ayuden en esto que nos golpeó a todos”.

Y es que el reportaje de Ciper Chile da cuenta de las irregularidades de Oliva, pero además deja de traslape lo acontecido con Parot, donde se nombra a su asesora Carla Winckler como la mejor pagada de su campaña para llegar al cargo que actualmente tiene Claudio Orrego.

Sin embargo, y a pesar que la nota periodística muestra que ninguno de sus asistentes superan la barrera de los $4 millones de ingreso mensual, si muestra de Winckler trabajaba en forma paralela para la campaña de Parot y como directora de Administración y Finanzas del CNTC, organismo que era presidida por Parot hasta enero de 2021, cuando renuncia para ser candidata en la fallida campaña a la Gobernación Metropolitana. De acuerdo a lo publicado por Ciper, Winckler emitió tres boletas de honorarios por un total de $13,5 millones, unos 3,3 millones por mes, por el servicio de “staff, asesoría y administración de campaña” entre febrero y mayo de 2021. Sin embargo, lo llamativo en este caso es que en febrero y marzo todavía aparecía como funcionario del CNTV y con un sueldo bruto de $4,4 millones.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, explicó que los nombres de Parot y Rojo Edwards, el candidato a senador de Republicanos que también es mencionado en el reportaje, “tiene que dársele importancia, no puede quedar al margen. Lo que pasa que lo otro es tan sistémico y los montos son tan elevados y la devolución que se pide es alta”.

En ese sentido, menciona que desde el punto de vista del reproche penal, ya que “en el caso de la asesora de Catalina Parot, hay algo que llama profundamente la atención, porque estamos hablando además de un funcionario público, ahí que posiblemente hayan otras instancias que pudieses hacer algo, aunque el CNTV es autónomo, en cuanto a la fiscalización de esta persona prestó servicios la haya prestado fuera del horario de trabajo”.

Otro que tangencialmente aparece involucrado es el actual candidato a senador y diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien luego de conocerse lo de Oliva, posteó en su cuenta de Twitter que “Como de jefe campaña C.Parot supervisé pptos que nunca llegaron a esas cifras, rendidas para devolución con recursos fiscales. Revisaremos procedencia de recursos de reposición y deben investigarse arista tributaria, penal y administrativa respecto de 137 millones en boletas”.

Y agrega que “Abuso ley financiamiento electora para aumentar patrimonio personal o desvío de recursos fiscales a partidos puede constituir enriquecimiento ilícito, delito ley partidos y eventual fraude al fisco”.

En cuanto al caso del aspirante a un curul en el Senado, Rojo Edwards, donde aparece Julio Feres Rebolledo, uno de sus colaboradores en la campaña a la Gobernación que cobró $4 millones en febrero y marzo de este año por “asesorías y ejecución en cotizaciones y compras de publicidad para los distritos de la RM”.

De acuerdo a Ciper, Feres Rebolledo tiene una tercera boleta por otros $4 millones por abril y mayo y es por “coordinación de transporte y equipo territorial en RM”.

Hay que consignar que el estallido social de octubre de 2019 se produjo por casos como los de Corpesca, SQM, la Ley Longueira, y muchos casos más de corrupción política que han quedado en la más completa impunidad y aquellos que han sido sancionados, las penas han sido irrisorias con “clases de ética” o acuerdo de pago de multas en cuotas como lo ocurrido con el senador UDI, Iván Moreira, quien logró un acuerdo con la fiscalía para zafar a las penas que enfrentaba en el caso Penta pagando en 12 cuotas mensuales el monto de las boletas falsas.

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