La bancada Republicana anunció una ofensiva legislativa y administrativa de cuatro puntos para enfrentar la crisis de violencia en los establecimientos educacionales del país.
Esto surge tras el ataque contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, lo que demuestra que “se ha cruzado un límite que el Estado no puede seguir ignorando”.
Desde la bancada señalaron que la violencia en los recintos educativos ya no es un hecho aislado y que es imperativo que el Gobierno actúe con decisión para proteger a las comunidades escolares y académicas.
Propuesta de la Bancada Republicana
El plan de acción presentado por el bloque legislativo contempla:
1. Discusión Inmediata para "Escuelas Protegidas": Solicitan al Ejecutivo acelerar la tramitación de este proyecto de ley para entregar herramientas concretas de defensa a las comunidades educativas.
2. Ampliación de Agravantes: Proponen que las sanciones por delitos cometidos en establecimientos educacionales se extiendan a todos los niveles, incluyendo universidades, CFT e institutos profesionales.
3. Fin a Beneficios para Delincuentes: Plantean que quienes cometan delitos o actos de vandalismo en estos espacios pierdan sus beneficios sociales, incluyendo la gratuidad en la educación superior.
4. Comisión Investigadora por Recursos Públicos: Impulsarán una instancia para revisar el uso de fondos estatales en instituciones donde se tolere la violencia y determinar responsabilidades de autoridades en la organización de actos violentos.
“Hay que estabolecer consecuencias reales”
El diputado Luis Fernando Sánchez enfatizó la necesidad de establecer consecuencias reales para este tipo de hechos.
“Le pedimos al Gobierno que actúe ahora: discusión inmediata para Escuelas Protegidas, sanciones reales en todos los niveles educacionales y fin a los beneficios para quienes delinquen”, dijo.
Agregó que “la violencia no puede seguir siendo tolerada. Nuestra propuesta es clara: mismas reglas para todos. El que delinque dentro de un establecimiento educacional no puede seguir recibiendo beneficios del Estado, porque donde hay recursos públicos, tiene que haber responsabilidad”.
Además, vinculó esta urgencia con la necesidad de eficiencia en el gasto público, apuntando a “proteger la educación es proteger el futuro de Chile. Y eso exige orden, reglas claras y consecuencias”.
Ajuste Fiscal y Responsabilidad
Esta ofensiva se da en un contexto de estrechez económica, donde la bancada ha respaldado los ajustes necesarios para ordenar las arcas fiscales.
Para los parlamentarios, resulta contradictorio realizar esfuerzos de ahorro nacional mientras el Estado financia indirectamente espacios donde se normaliza la violencia o se destruye infraestructura pública.