Acciones de la Cámara
La presidenta de la Cámara de Diputados, la pecé Karol Cariola informó que el jueves 25 de abril fue presentada la denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso por la filtración de la sesión secreta de la Comisión de RREE. Cariola dijo que la situación es de “máxima gravedad” y manifestó que serán categóricos, ya que “los espacios secretos de tramitación legislativa se tienen que resguardar y respetar. De lo contrario, estamos rompiendo algo que es fundamental, respecto de mantener el secreto cuando se trata de cuestiones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, incluso de otros países”. “Es muy importante que esto se despeje porque evidentemente la Cámara de Diputados y Diputadas debe ser un espacio seguro de resguardo, sobre todo cuando se solicita que haya antecedentes reservados a través de sesiones secretas, por algo existe esta herramienta”, expresó la parlamentaria.Infracción Código Penal
Por su parte, el Secretario General, Miguel Landeros, explicó que revisados los antecedentes y considerando la publicación en un medio de comunicación de parte de lo que se habría tratado en la sesión secreta, se hizo la denuncia -de acuerdo a lo establecido en el artículo 246 del Código Penal– contra todos los que resulten responsables. Añadió que esta norma sanciona la violación de secretos por parte de los empleados públicos. Asimismo, que las y los parlamentarios, de acuerdo al citado código, tienen la condición de funcionarios públicos en el caso de ciertos delitos. Landeros manifestó que tratándose de una comisión parlamentaria es importante resguardar a la institución y el cumplimento de las normas legales y reglamentarias.VIII Violación de Secretos: Artículo 246
El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente.
Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales.