Contraloría advierte débil monitoreo del volcán Villarrica: 597 equipos sin uso
Hans Hansen
•
13 de diciembre de 2025
•
Hace 16 semanas
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La
Contraloría de La Araucanía detectó una serie de deficiencias en el
monitoreo volcánico y en la gestión de riesgos en la zona del volcán
Villarrica, lo que pone en riesgo a la población ante un eventual desastre natural.
La auditoría se realizó al
Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS) y forma parte de los esfuerzos por avanzar desde el Estado al correcto resguardo de la seguridad de personas y garantizar una gestión eficiente de los riesgos volcánicos.
El objetivo es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que los planes de emergencia cumplan con los estándares necesarios para proteger a la población ante contingencias.
Deficiencias detectadas
El informe reveló que
597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en la bodega del OVDAS en Temuco, incluyendo instrumentos clave para detectar deformaciones en la superficie del volcán.
Además, algunos de estos equipos fueron adquiridos hace más de
12 años para el monitoreo volcánico.
Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de
pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias.
El informe advierte que el
Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica no han sido actualizados, pese a que la normativa exige que se realicen revisiones cada dos años.
Se identificaron más de
15 mil edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico fuera de los instrumentos de planificación territorial, construcciones que se han desarrollado sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico.
A su vez, se constató que
491 edificaciones del sector rural de Chaillupén (comuna de Villarrica) se encuentran en un área
sin cobertura de antenas para la transmisión de alertas del
Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).
De ellas,
130 están emplazadas en zonas clasificadas como de alto peligro volcánico, lo que impediría que una parte de la población expuesta pueda recibir oportunamente los mensajes de alerta ante una eventual erupción del volcán Villarrica.
En materia de evacuación hacia
Puntos de Encuentro Transitorios (PET), se detectó irregularidades en el aludido
Plan Específico de Emergencia Villarrica: se identificó un PET ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares.
También se constató
falta de señalización adecuada en cinco sitios inspeccionados y la existencia de
restricciones físicas (cercos y portones) en otros cinco, debilitando la eficacia de los planes de emergencia.
Adicionalmente, se constataron irregularidades en el “
Servicio de Monitoreo Permanente del Centro de Alerta Temprana Volcánica del OVDAS”, contratado por el OVDAS.
Estas están relacionadas con la
falta de control de turnos y ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos, lo que genera pérdida de trazabilidad y posibles responsabilidades administrativas.
A su vez, el nuevo modelo operativo basado en
turnos 7x24 y en el uso de herramientas de automatización supervisada -previsto para implementarse en octubre de 2025 y diseñado para reemplazar el referido servicio contratado- no se ejecutó en el plazo comprometido.
Lo anterior obligó a efectuar contrataciones directas para mantener la continuidad del monitoreo, evidenciando deficiencias de planificación.
Reparos de la CGR
La
CGR iniciará un reparo -respecto del contrato de monitoreo permanente revisado para el período 2021 a 2024- por un monto de
5,55 UF y $ 42.846.991, por el concepto de multas no cobradas y falta de cobro de garantías, respectivamente.
Asimismo, el
Sernageomin deberá instruir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas.
Finalmente, Contraloría instó a
Senapred,
municipios de Villarrica y Pucón, junto con los organismos competentes a actualizar los planes de emergencia, fiscalizar áreas rurales y coordinar acciones para garantizar la recepción de alertas y reducir la vulnerabilidad de la población.
