Por: Juan Pablo Berlinguer. El 2 de abril de 1982, Argentina invadió las islas, violando la Resolución 2065 de la Asamblea General, que llamaba a buscar una solución pacífica al diferendo. Un día después, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 502, exigiendo el retiro inmediato de las tropas argentinas.
Durante ocho décadas, la Organización de las Naciones Unidas ha sido presentada como el pilar de un “orden internacional basado en normas”.
Nacida tras la Segunda Guerra Mundial bajo hegemonía estadounidense, la ONU contribuyó a un periodo excepcionalmente pacífico en términos históricos.
Sin embargo, hoy ese relato ya no se sostiene. La institución atraviesa una crisis profunda de legitimidad, eficacia y coherencia que obliga a sincerar una verdad incómoda: el derecho internacional nunca se ha aplicado de manera imparcial.
Ese fue, precisamente, el valor del reciente discurso del primer ministro canadiense Mark Carney en el Foro Económico Mundial. Al reconocer que el orden basado en reglas era “parcialmente falso” y que el derecho internacional se aplica con distinto rigor según quién sea el acusado o la víctima, Carney puso palabras a una realidad que muchos conocen, pero pocos dicen en voz alta.
En América Latina, esta doble vara ha sido la constante.
Desde su creación, la ONU ha tratado a la región con simbolismos en lugar de poder real. El caso de Brasil es paradigmático. Al país más grande de Sudamérica se le negó un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, mientras otras potencias sí obtuvieron derecho a veto.
Como compensación, Brasil recibió el privilegio de abrir anualmente las sesiones de la Asamblea General: un gesto elegante, pero vacío de incidencia efectiva. No sorprende, entonces, que hoy la altamente profesional Cancillería de Itamaraty esté pensando en grande y moviendo piezas para proyectar un nuevo rol global, justo cuando el sistema multilateral muestra sus grietas más profundas.
Pero si el problema estructural es global, en Sudamérica se manifiesta con particular crudeza en el Atlántico Sur.
Allí también seguimos mintiéndonos.
Chile, como ha sido habitual en su política exterior, continúa respaldando de forma acrítica el reclamo argentino sobre las Islas Falkland (Malvinas). Así lo hizo recientemente el presidente José Antonio Kast durante su visita a Argentina, reiterando la necesidad de “negociar”.
La pregunta es inevitable: ¿negociar qué?
Los hechos jurídicos son claros y comprobables.
El 2 de abril de 1982, Argentina invadió las islas, violando la Resolución 2065 de la Asamblea General, que llamaba a buscar una solución pacífica al diferendo. Un día después, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 502, exigiendo el retiro inmediato de las tropas argentinas. Esa resolución fue desobedecida. No hay zona gris posible: hubo una invasión ilegal contraria al derecho internacional.
Más aún, la jurisprudencia internacional es inequívoca.
En el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Obligación de Negociar” (Bolivia vs. Chile), quedó establecido que las resoluciones no vinculantes no generan obligación jurídica de negociar, ni tampoco el hecho de haber sostenido conversaciones previas obliga a un Estado a negociar indefinidamente hasta satisfacer las pretensiones del otro.
Aplicado al Atlántico Sur, el argumento de la “obligación de negociar” simplemente no existe.
Aquí vuelven a resonar las palabras de Carney: cuando las normas se aplican a conveniencia, el derecho internacional pierde sentido y se convierte en coartada para justificar invasiones ilegítimas.
Lo preocupante es que Chile persista en una posición que no responde a sus intereses permanentes como Estado.
El gobierno de José Antonio Kast parece más guiado por afinidades ideológicas y alineamientos automáticos que por una estrategia soberana. En lugar de contribuir a una solución definitiva, Chile se suma a una narrativa que perpetúa el conflicto y refuerza la incoherencia del sistema internacional.
Si de verdad se quiere respetar el derecho internacional, la única salida coherente es asumir el proceso de descolonización conforme al Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, considerando seriamente la independencia política de las Islas Falkland, con pleno respeto a la voluntad de sus habitantes. Todo lo demás es retórica.
Sincerar el conflicto del Atlántico Sur no es una provocación ni una traición regional. Es, por el contrario, un ejercicio mínimo de honestidad jurídica y responsabilidad estratégica. En un mundo donde el orden internacional cruje, Chile no puede darse el lujo de seguir actuando por inercia, subordinándose a potencias extranjeras y renunciando a una política exterior basada en principios y en su propio interés nacional.