La bancada PPD-Indep ingresó un proyecto de ley interpretativo que busca zanjar la disparidad de criterios con que se ha aplicado la norma relativa al cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Mientras la Tesorería General de la República (TGR) está ejecutando embargos y vaciamiento de cuentas de morosos del CAE con sueldos superiores a los $3.5 millones mensuales (e incluso con menos ingresos), lo que ha sido ratificado por dictámenes de la Contraloría y de Tribunales Superiores de Justicia.
En tanto, las Cortes de Apelaciones de Arica y de Valparaíso han acogido recursos de protección interpuestos por dichos deudores, argumentando la naturaleza del crédito, es decir, que tiene una naturaleza civil y no es una deuda tributaria.
Lo que se busca con esta iniciativa legal es terminar con las diversas interpretaciones, y dejar de manifiesto que no será aplicable el procedimiento establecido para el cobro de deudas tributarias, a aquellas obligaciones dónde el Estado actúa como aval, como es el caso del CAE.
Además, el proyecto establece una interpretación al artículo 57 del Código del Trabajo, en el sentido de hacer extensible la inembargabilidad de las remuneraciones. Para tales efectos, se presumirá que todo depósito o transferencia bancaria efectuada por el empleador hacia la cuenta bancaria del trabajador, tiene una finalidad remuneratoria.
Asimismo, la iniciativa legal establece que “los procedimientos de cobro ejecutivo iniciados por la Tesorería General de la República del CAE, que se encuentren en tramitación a la fecha de publicación de la presente ley, quedarán sin efecto”.
“Nosotros queremos que se paguen estas deudas estudiantiles, sin embargo, hoy día se están cobrando las deudas del CAE como si fueran impuestos. Esto lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Arica y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y está en veremos cómo va a fallar la Corte Suprema. También lo puso en duda el Tribunal Constitucional, que lo está viendo por una inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentó. Entonces, esto ha generado dudas respecto a por qué se le cobra como si fuera un deudor de impuestos a una persona que se endeudó para estudiar, que no es lo mismo”, explicó el diputado PPD y miembro de la Comisión de Constitución, José Montalva.
El parlamentario agregó que “lo que nosotros queremos es que todo lo que es impuestos se cobre con la Tesorería General de la República, como está establecido, y lo que es derivado de deudas, se cobre por el sistema normal del cobro de deudas, como se le cobra a cualquier persona”.
Por su parte, el subjefe de la bancada y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, manifestó que “la disparidad de interpretaciones en este tema demuestra que la controversia no puede resolverse por sí misma ni a través de acciones judiciales. Esto es muy preocupante porque la diversidad de resultados para situaciones idénticas compromete la igualdad ante la ley. Es decir, deudores en igual situación de morosidad del CAE quedan sometidos a procedimientos distintos según el tribunal o sala que conozca su causa. Es por eso que presentamos este proyecto de ley, para que se establezca una solución legislativa expresa, que fije con claridad el marco normativo aplicable”.
Junto a los diputados Montalva y Ulloa, también firman el proyecto de ley Raúl Soto, Andra Parra, Cristián Tapia, Carlos Carvajal, Carlos Cuadrado, Carlos Bianchi, Fernando Zamorano y Jaime Araya.