Renovación Nacional presentó este lunes su agenda legislativa “Naín-Retamal 2.0”, un conjunto de cinco iniciativas que buscan fortalecer a las policías al elevar las sanciones frente a agresiones contra funcionarios de Carabineros y la PDI, y extender la protección jurídica a efectivos que intervengan en hechos delictuales que se estén cometiendo, aun encontrándose de franco.
Desde el partido destacaron que el objetivo de esta nueva batería legislativa es cerrar vacíos normativos, reforzar el respaldo institucional a las policías y entregar mayores herramientas para enfrentar delitos que afectan directamente la seguridad pública, el orden institucional y la protección de la ciudadanía.
“Esta agenda busca devolver el respeto, devolver la autoridad y, sobre todo, castigar duramente a quienes agreden a nuestras policías. Estamos estableciendo un marco basado en la legítima defensa privilegiada para que Carabineros, la PDI, la Armada y Gendarmería puedan utilizar su arma de servicio sin temor a terminar presos o perseguidos por cumplir con su deber”, aseguró el senador Arturo Longton, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.
La secretaria general de RN, Katherine Martorell, sostuvo que “Carabineros tiene que poder actuar cuando está de franco y se enfrenta a una situación de delito. Lo que se busca con esta agenda es dar la debida protección a la ciudadanía. También existen tipos de maltrato que no necesariamente generan lesiones, y lo que queremos es que Carabineros y la PDI tengan el respaldo para actuar, proteger a las personas y ejercer su función con autoridad”.
La propuesta también considera ampliar y fortalecer los mecanismos de reconocimiento institucional para mártires de Carabineros y la PDI, es decir, permitir ascensos extraordinarios póstumos de mayor entidad para funcionarios que fallezcan en actos de servicio.
La agenda legislativa también contempla el fortalecimiento de las facultades preventivas de control y registro en zonas de riesgo, con el objetivo de entregar mayores herramientas al Estado para actuar frente a amenazas concretas al orden público y la seguridad de las personas, bajo criterios de excepcionalidad, temporalidad y control institucional.
Finalmente, la batería legislativa incluye un aumento de sanciones en materia de responsabilidad penal adolescente cuando se trate de delitos graves contra funcionarios policiales, como homicidios o lesiones graves y gravísimas.
La propuesta busca excluir ciertos beneficios de rebaja de pena en estos casos y aumentar los límites máximos de privación de libertad: de 5 a 10 años para adolescentes entre 14 y 16 años, y de 10 a 15 años para quienes tengan entre 16 y 18 años.