El presidente del PPD, Raúl Soto, dijo que el acuerdo alcanzado por senadores de su partido con el Gobierno por la invariabilidad tributaria corresponde a esos legisladores y “no representan la posición del partido”, anunciando que la colectividad recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la reforma.
Antes de su entrada a la reunión de los presidentes de las colectividades opositoras y abogados constitucionalistas, Soto dijo que “el PPD reafirma su rechazo a la mega reforma tributaria del Gobierno”.
“Valoramos el esfuerzo de un grupo de senadores por mejorar uno de sus puntos más críticos, reduciendo la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años, pero ese acuerdo corresponde a esos senadores y no representa la posición del partido ni de toda nuestra bancada, toda vez que es insuficiente respecto del conjunto del proyecto cuyos aspectos nocivos se mantienen", señaló.
El diputado fue explicitó en que “por el Partido Por la Democracia habla su presidente, respaldado por la Mesa Directiva Nacional”.
Soto insistió en que más allá de ese ajuste puntual, la reforma en su conjunto sigue siendo insostenible para las finanzas públicas, el Gobierno no ha ofrecido compensaciones fiscales ni ha mostrado apertura para corregir aspectos medioambientales que el partido considera indispensables.
En ese sentido, anunció que el PPD tomó la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la reforma, llamando a toda la oposición a sumarse a esta acción, una vez escuchada la opinión de expertos constitucionalistas sobre la oportunidad y los puntos de impugnación.
Asimismo, el partido convocará en los próximos días a ambas bancadas parlamentarias y a su equipo de economistas para unificar criterios y evitar que se repitan diferencias públicas como las de esta semana.
Invariabilidad de derechos sociales
Con respaldo unánime de su Mesa Directiva Nacional, el PPD anunció que impulsará un proyecto de reforma constitucional —ya ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados— para garantizar la invariabilidad de los derechos sociales, impidiendo que el Gobierno pueda retroceder en beneficios como la PGU, las 40 horas laborales y las indemnizaciones por años de servicio.
"Llamamos a toda la oposición, y también al Gobierno, a sumarse a esta iniciativa. Los chilenos y chilenas están preocupados por la estabilidad de sus derechos sociales, y este proyecto busca precisamente blindarlos", concluyó Soto.