El Gobierno promulgó la ley “Escuelas Protegidas” que busca dar a las comunidades educativas herramientas eficaces para prevenir la violencia, resguardar la seguridad y fortalecer la autoridad pedagógica, permitiendo entre sus puntos la revisión de mochilas a los alumnos para evitar que puedan ingresar armas o elementos que atenten contra el profesorado u otros estudiantes tras lo ocurrido en Calama, donde un escolar dio muerte a una inspectora.
La actividad se realizó en la Escuela Nueva Zelandia de la comuna de Independencia, donde el mandatario estuvo acompañado de la ministra de Educación, María Paz Arzola, la ministra de Salud, May Chomalí, entre otras autoridades.
La titular de Educación indicó que la ley entrega nuevas herramientas a la comunidad para “atender conflictos propios de la convivencia escolar, pero también que puedan impedir hechos de violencia e incluso delictuales que exceden las capacidades que los equipos escolares pueden tener para enfrentarlos”.
Agregó que la nueva ley da un marco legal a actividades que las comunidades escolares ya estaban realizando, por lo que tendrán la confianza y el respaldo de poder implementarlas.
Por su parte, el Presidente apuntó sobre la importancia que tiene esta nueva normativa, debido a que “nos ayuda a mejorar la convivencia”.
En esa línea, resaltó la importancia de los padres, ya que “deben ser parte de la comunidad escolar. No hay que tenerle temor a los padres”.
“La ley establece ciertas normas, ciertas reglas y hay que cumplirlas, porque cuando uno quiere aprender, tiene que estar tranquilo en la sala”, precisó.
Agregó que “a veces los inspectores pueden decir, 'parece que trae algo en la mochila, por qué no me muestra la mochila' y por qué alguien va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila si viene a un lugar que es como la casa (…) el que nada hace, nada teme”.
Se fortalecen las capacidades de los propios establecimientos para prevenir y abordar situaciones de violencia, evitando que los equipos escolares queden sobrecargados de trámites administrativos. Revisión de mochilas y pertenencias
Los establecimientos podrán incorporar esta facultad en sus reglamentos internos, mediante personal capacitado y respetando derechos como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso. No se contempla revisión corporal ni de vestimentas.
Más autoridad para los docentes
Se faculta a los profesores para aplicar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata, para mantener el orden en la sala de clases, siguiendo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
Menos burocracia y gestión colaborativa
Para evitar la sobrecarga administrativa asociada a la respuesta a denuncias por convivencia ante la Superintendencia, se deberá priorizar siempre la gestión colaborativa, salvo cuando existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
Protección frente a amenazas e interrupciones
Los reglamentos deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial, con excepciones fundadas. Además, las amenazas que provoquen la interrupción de actividades académicas serán consideradas una afectación grave a la convivencia escolar.
Mayor involucramiento de las familias
Los docentes podrán requerir la participación de padres y apoderados en instancias formativas y estos deberán asistir a citaciones relacionadas con medidas disciplinarias, convivencia o violencia escolar.