El Presidente José Antonio Kast dio a conocer anoche, a través de una cadena nacional, su Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) y esta jornada intensificó sus actividades para hacer la bajada de este plan de seguridad, el cual llega a casi cinco meses de instalarse en La Moneda y con ese tema como punto central de su campaña presidencial.
Muy temprano en la mañana, el mandatario y Arrau encabezaron un nuevo copamiento policial, esta vez en la Plaza de Armas, donde también estuvo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.
El operativo contempló el despliegue de 60 funcionarios de Carabineros de Chile y 55 de la Policía de Investigaciones en diversos puntos del centro de Santiago, quienes realizaron fiscalizaciones, controles migratorios y otras diligencias destinadas a detectar delitos, órdenes pendientes e infracciones a la legislación vigente.
En la oportunidad, Kast agradeció el “el valor y coraje con que Carabineros y la Policía de Investigaciones se despliegan a lo largo de todo el territorio, día y noche, les dan tranquilidad y paz a nuestros compatriotas. Quiero decirles que la mano ha cambiado. El Gobierno, la sociedad civil y todos los chilenos están hoy día muy agradecidos del trabajo preventivo que realiza Carabineros, del trabajo de investigación que realiza la PDI y de la unidad de las fuerzas policiales, hoy con la colaboración de Gendarmería de Chile”.
“A los delincuentes les decimos que los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a entregar ante la justicia y los vamos a condenar. De ahí irán donde merecen estar: a la cárcel, hasta que reparen todo el daño que le han hecho a nuestra sociedad”, apuntó el mandatario.
Posteriormente, el Presidente y el ministro de Seguridad llegaron hasta la Escuela de Carabineros que sirvió de escenario para profundizar sobre esta agenda de combate contra el crimen organizado.
El mandatario dijo que “hoy comienza una nueva etapa, un enorme desafío que estará en las calles, en las unidades policiales, los cuarteles, en los centros penitenciarios y lo hacemos para recuperar ese lugar que tuvimos y fuimos reconocidos a nivel mundial de ser el país de Latinoamérica más seguros para cualquier chileno y también para cualquier persona que visita Chile”.
Arrau explicó que se “acabó el Chile que acepta que el crimen organizado mande en nuestras fronteras, se acabó el Chile que aceptaba que el crimen organizado mandara en nuestras cárceles, se acabó el Chile que miraba con más consideración al delincuente que a quienes mandatábamos hacer cumplir la ley”.
Dijo que esta agenda es una “decisión política: recuperar la autoridad del Estado y cambiar definitivamente quien tiene la ventaja, dejar de pensar, de conversar, de hacer diagnósticos y actuar y gestionar, dejar de excusarse de por qué siempre se ha hecho así, dejar de excusarse de que habría que cambiar una ley, hay que actuar y cambiar lo que sea necesario”.
Explicó que la ACOT propone un “alto volumen legislativo, una reforma constitucional, 20 proyectos de ley hoy día en trámite con diferentes grados de urgencia y cerca de una quincena de proyectos de ley que iremos ingresando en las próximas semanas y meses”.
Apuntó que sobre la reforma constitucional que se impulsará, Arrau dijo que se “busca crear una nómina de organizaciones criminales y terroristas de tal manera de poder perseguir la pertenencia a estas organizaciones, poder incautar de manera más fácil y preventiva, congelar los bienes de estas organizaciones”.
Agregó que otro punto de esta reforma es “hablar de un estado de excepción vinculado a la seguridad pública, adecuado especialmente a las necesidades de ese fenómeno que hoy día los tiene en algunas partes de nuestro país, renovando una y otra vez estados de emergencia que resultan a veces no tan eficaces”.
Arrau también anunció que el plan contempla la creación de una agencia para administrar, enajenar y destruir los bienes incautados.
Otro punto es terminal con el “monopolio” que tiene el Servicio Médico Legal, especialmente en las pesquisas de ADN para que las policías puedan hacerlo y que “haya competencia entre los servicios públicos”.
También está como objetivo que el análisis y destrucción de las drogas deje de estar a cargo solamente el Ministerio de Salud, sino que también las policías puedan actuar en esta línea.