Chile y Argentina: cuando la prudencia se convierte en una política de resignación

Por: José Alejandro Naredo Moya***

Hace dos años y medio, en abril de 2024, el remolcador chileno RAM Beagle navegaba desde las islas Falkland/Malvinas hacia Montevideo cuando fue interceptado y notificado por la Prefectura Naval Argentina.

Buenos Aires invocó su Decreto 256/2010, relativo a determinadas navegaciones vinculadas con las islas.

La Cancillería chilena anunció que reuniría antecedentes y, posteriormente, el canciller Alberto van Klaveren descartó públicamente que se tratara de hostigamiento. Hoy, ante las inquietudes por la navegación del buque Danstar, vuelve la pregunta que nuestros gobiernos prefieren responder por separado: ¿cuántos episodios necesita Chile para dejar de improvisar y establecer una política permanente de protección de sus intereses marítimos?

No es una pregunta nacida de una susceptibilidad reciente. Durante la Guerra del Pacífico, Argentina incrementó sus presiones diplomáticas sobre la cuestión patagónica. El Tratado de Límites de 1881 llevó a Chile a renunciar a las pretensiones históricas que sostenía sobre la Patagonia oriental, mientras aseguró la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Los títulos territoriales que ambas repúblicas reivindicaban eran materia de controversia, y sería inexacto hablar de una Patagonia íntegramente chilena que se entregó sin discusión. Pero tampoco corresponde borrar el contexto: Chile negoció una definición territorial trascendental mientras sus fuerzas estaban comprometidas en el norte. La geopolítica no desaparece porque resulte incómoda recordarla.

El 6 de noviembre de 1965 la controversia dejó de ser un asunto de mapas. En Laguna del Desierto, territorio entonces disputado, efectivos de la Gendarmería argentina dispararon contra una patrulla de Carabineros de Chile. Murió el teniente Hernán Merino Correa y resultó herido el sargento Miguel Manríquez; los sobrevivientes fueron detenidos. Aquello no fue un simple roce fronterizo: agentes armados de un Estado dieron muerte a un funcionario chileno mientras ambos países sostenían conversaciones para reducir la tensión. La diplomacia evitó una escalada mayor, pero evitar una guerra no significa restar gravedad al hecho que la hizo posible.

En 1978 la relación volvió a asomarse al abismo. Chile y Argentina habían aceptado someter la controversia del Beagle a arbitraje. El laudo de 1977 reconoció la soberanía chilena sobre Picton, Nueva y Lennox. El 25 de enero de 1978, el Gobierno argentino lo declaró unilateralmente nulo.

Ese es el dato histórico decisivo: no se trató simplemente de discrepar con una interpretación, sino de desconocer un pronunciamiento emitido mediante un procedimiento previamente aceptado. La escalada militar posterior estuvo a punto de desembocar en una guerra. La mediación papal y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 evitaron la tragedia; no borraron la responsabilidad histórica de haber puesto en riesgo la paz.

Tampoco todos los episodios posteriores admiten una misma calificación.

El arbitraje sobre Laguna del Desierto concluyó con un fallo desfavorable para Chile en 1994, cuya revisión fue rechazada en 1995.

En 2021 surgieron diferencias por la plataforma continental austral, enfrentadas mediante posiciones jurídicas y cartografía oficial.

En junio de 2024, parte de una instalación de paneles solares de la Armada argentina quedó en territorio chileno: el presidente Gabriel Boric exigió su retiro y Argentina lo efectuó. Este último episodio prueba que Chile sí ha reaccionado con firmeza cuando ha considerado vulnerado un límite. Precisamente por eso, la crítica no puede consistir en decir que nunca hacemos nada, sino en preguntar por qué la respuesta suele depender del incidente y del gobierno de turno.

La cuestión es institucional. Cancillería debe responder algo más que si envió una nota de protesta o consiguió desactivar una controversia puntual.

¿Qué garantías obtuvo después? ¿Cómo se verificó su cumplimiento? ¿Qué aprendizaje incorporó a los protocolos del Estado? ¿Existe una evaluación acumulada de los incidentes australes, compartida con Defensa y la autoridad marítima, o cada administración recibe la historia como si comenzara desde cero?

La estabilidad bilateral es un objetivo legítimo; convertirla en una razón para evitar toda consecuencia verificable sería otra cosa: una política de resignación.

El Decreto argentino 256/2010 merece un examen específico. Una norma nacional puede establecer exigencias dentro de la jurisdicción de un Estado, pero no puede extenderse por voluntad unilateral a espacios donde ese Estado carece de competencia ni prevalecer sobre sus obligaciones internacionales.

No es riguroso sostener que cualquier aplicación del decreto viola automáticamente el Tratado de 1984: la ruta, las aguas involucradas y la conducta concreta importan. Lo exigible es que Chile determine y comunique por escrito su posición jurídica, objete toda aplicación extraterritorial improcedente y reclame garantías claras para las embarcaciones de su pabellón.

¿Y una escolta naval para el Danstar? Debe estar entre las alternativas a evaluar, sin convertirla en una consigna. La Armada puede cumplir funciones de presencia, vigilancia y protección marítima conforme al derecho aplicable. La factibilidad de una escolta depende de la ruta, las jurisdicciones, la evaluación de amenazas, la coordinación diplomática y reglas de actuación que impidan una escalada. No equivale a disponer el uso de la fuerza ni debe presentarse como una provocación automática. Pero tampoco parece sensato descartar una capacidad legítima de protección solo por el temor a incomodar a Buenos Aires. La decisión debe ser profesional, preventiva y proporcional.

Si una autoridad argentina volviera a interceptar, abordar o desviar injustificadamente una nave chilena, la respuesta no debería improvisarse frente a las cámaras.

Chile tendría que exigir de inmediato el cese de la intervención, resguardar a la tripulación, formular una protesta fundada y solicitar explicaciones al más alto nivel. Según los hechos y el derecho aplicable, correspondería activar mecanismos de solución de controversias y reclamar reparación por perjuicios atribuibles a un hecho internacionalmente ilícito. En paralelo, el Estado debería revisar los instrumentos de cooperación afectados y establecer garantías de no repetición. No hablo de represalias arbitrarias ni de amenazas militares: hablo de consecuencias legales, diplomáticas y políticas concretas.

Es indispensable, además, una política de Estado que no expire con cada elección. Cancillería, Defensa, la Armada y la autoridad marítima deben contar con una evaluación común de riesgos, procedimientos de comunicación con sus contrapartes y criterios claros de respuesta. Magallanes no puede quedar como espectador de controversias que inciden directamente en su conectividad, sus servicios portuarios y sus posibilidades de desarrollo. El comercio austral chileno no debe depender de la interpretación unilateral que otro país haga de su disputa de soberanía con el Reino Unido.

No se trata de alimentar enemistad con el pueblo argentino ni de atribuir idénticas intenciones a gobiernos separados por más de un siglo.

Chile y Argentina comparten vínculos humanos, económicos y estratégicos que vale la pena preservar. Pero una buena relación no exige callar frente a hechos graves, relativizar un laudo desconocido o tratar una intervención marítima como un malentendido inevitable. La amistad entre Estados exige reciprocidad, respeto a los tratados y claridad sobre las consecuencias de vulnerarlos.

La muerte de Hernán Merino, el desconocimiento del laudo del Beagle, las controversias australes y la intervención al RAM Beagle no son hechos equivalentes. Son, sin embargo, razones suficientes para exigir que nuestra diplomacia abandone el tratamiento fragmentado de los riesgos.

Chile no necesita gritar ni amenazar. Necesita anticipar, proteger y actuar con una firmeza que pueda sostener jurídicamente. Porque la prudencia, sin preparación ni consecuencias, deja de ser una virtud diplomática y comienza a parecer una costumbre peligrosa.