Las vicepresidencias de la Mujer y Frentes Feministas del PS, Frente Amplio, PDC, PPD, Partido Liberal, Partido Radical y PC expresaron su rechazo al proyecto “Escucha su corazón” y defienden el “acuerdo social” alcanzado con la Ley de Aborto en tres causales.
En una declaración, las feministas señalan que “esa ley no es patrimonio de una coalición: es un acuerdo social e institucional aprobado por el Congreso, validado por el Tribunal Constitucional y reglamentado bajo control de la Contraloría. Cerca del 83% de la ciudadanía apoya la legalidad del aborto al menos en estas causales. Legislar contra ese consenso es desoír a la mayoría del país”.
“El proyecto no informa: coacciona. Al disponer que, si la mujer declina escuchar los latidos, el médico deberá negarse a practicar la interrupción, convierte un supuesto ofrecimiento en un requisito para acceder a una prestación legal, y transforma el consentimiento informado en un mecanismo de coerción, tal como advierten el Colegio Médico y la Organización Mundial de la Salud”, indican.
Exponen que las cifras oficiales muestran sobre quiénes recaería, entre 2018 y 2025 se acogieron a la ley 6.249 mujeres y niñas, y cerca del 85% mantuvo su decisión, indican que “no hay dudas que un dispositivo adicional deba «resolver»”.
“El 51% de los casos corresponde a inviabilidad fetal letal. Y según el Diagnóstico 2025 de la Defensoría de la Niñez, de las 89 interrupciones practicadas a niñas y adolescentes en 2024, el 88% fue por causal de violación, y de ellas el 58% correspondió a niñas menores de 14 años”, plantean.
Exponen que “sobre ellas caería primero esta exigencia: víctimas de violencia sexual obligadas a vincularse con el resultado del delito cometido en su contra. Eso no protege a nadie: revictimiza, en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430. Que el derecho a decidir en condiciones adversas , no sea motivo de criminalización”.
Según las feministas. el acceso ya enfrenta graves barreras, puesto que el Minsal señala que “a octubre de 2025 el 40,4% de los médicos obstetras de la red pública se declara objetor de conciencia en la causal de violación, cifra que en hospitales como Talca, Temuco o Rancagua supera los dos tercios. Al implementarse la ley se proyectaban 3.000 casos anuales; entre 2018 y 2022 se realizaron apenas 3.300 en total, lo que sugiere que miles de mujeres pueden seguir sin acceder al derecho”.
“Por eso exigimos lo contrario a nuevas barreras: la implementación plena y efectiva de la Ley 21.030. Acceso oportuno en todo el territorio, sin traslados entre regiones; que la objeción de conciencia no opere como barrera de hecho; pleno funcionamiento del acompañamiento biopsicosocial; y equipos no objetores en toda la red pública”, señalan.
Por tales motivo, llaman al Congreso a “rechazar la idea de legislar el proyecto «Escucha su corazón» y al Estado a garantizar la implementación completa de la Ley 21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.
Concluyen con que “Chile no necesita más barreras, culpa ni dolor: necesita cumplir, con respeto y humanidad, la ley que se dio a sí mismo y escuchar a las mujeres”.