En el Atlántico Sur , el mayor riesgo para Chile ya no es la estrategia argentina, sino la ausencia de una propia.
Argentina ha decidido trasladar la cuestión Falkland/Malvinas a una nueva fase: la del lawfare internacional.
La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar busca impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de las islas mediante medidas provisionales amparadas en la CONVEMAR.
Formalmente, se trata de una acción jurídica.
Políticamente, es algo mucho más ambicioso: el intento de construir, fallo tras fallo, resolución tras resolución, una narrativa internacional comparable con la utilizada por Mauricio en el caso de Chagos.
La apuesta argentina es comprensible. Si Mauricio logró convertir una reivindicación territorial en una causa global de descolonización, Buenos Aires pretende hacer lo mismo en el Atlántico Sur.
Pero la comparación tiene una falla estructural.
Las Falklands no son Chagos.
En Chagos, la población originaria fue expulsada y separada de su territorio. En las Falkland existe una población permanente, nacida durante generaciones en las islas, con instituciones propias, autogobierno y una voluntad política claramente expresada.
Para que la analogía argentina funcione, esa población debe ser políticamente borrada.
Los falklanders pueden existir como habitantes, contribuyentes o trabajadores, pero no como comunidad con derecho a decidir. Pueden ser mencionados, pero no escuchados. Pueden aparecer en las estadísticas, pero no sentarse en la mesa.
Esa no es una omisión accidental. Es una necesidad de la tesis argentina.
El hecho que Argentina intenta borrar
Existe, además, una diferencia todavía más profunda.
Se llama 1982.
Argentina sigue invocando resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas como si la guerra nunca hubiera ocurrido, como si la invasión de las islas no hubiese alterado radicalmente las condiciones políticas, diplomáticas y estratégicas de la controversia.
Pero la guerra ocurrió.
Y produjo exactamente el resultado contrario al buscado.
La invasión fortaleció la presencia británica, militarizó el archipiélago, consolidó la identidad política de los isleños y entregó al Reino Unido el argumento más poderoso de todos: una población que, después de haber sido invadida por Argentina, no desea quedar bajo soberanía argentina.
La guerra no anuló formalmente las resoluciones de Naciones Unidas, pero destruyó el escenario político sobre el cual Argentina pretendía utilizarlas. Desde entonces, Buenos Aires intenta regresar diplomáticamente a una situación anterior a 1982 sin asumir que fue la propia dictadura argentina la que la hizo imposible.
Los tribunales pueden interpretar la CONVEMAR.
No pueden borrar una guerra.
Pueden establecer medidas cautelares.
No pueden hacer desaparecer una población.
Pueden pronunciarse sobre derechos marítimos.
No pueden fabricar la legitimidad política que Argentina perdió cuando decidió reemplazar la diplomacia por una invasión.
El lawfare como sustituto de una estrategia
Recurrir a tribunales internacionales es legítimo. Lo problemático es convertirlos en instrumentos de una campaña destinada a obtener políticamente aquello que los hechos históricos, la voluntad de los isleños y la realidad estratégica impiden alcanzar.
El objetivo no parece limitarse a detener un proyecto petrolero.
El verdadero propósito sería aumentar el coste jurídico, diplomático y económico de toda actividad relacionada con las Falklands: hidrocarburos, pesca, navegación, seguros marítimos, inversiones, abastecimiento y conectividad regional.
El mensaje para las empresas y terceros Estados es evidente: cualquier vínculo con las islas podrá ser presentado como una participación en una actividad supuestamente ilegal.
Eso no resuelve la disputa.
La exporta.
Y uno de los primeros países sobre los cuales recaerán sus consecuencias será Chile.
Chile no es un espectador
Punta Arenas, Puerto Williams y las Falkland pertenecen a un mismo sistema logístico austral. Existen vínculos comerciales, marítimos, aeroportuarios, científicos, turísticos y antárticos que no pueden ser reducidos a una nota al pie de la relación entre Santiago y Buenos Aires.
La futura ruta comercial desde Punta Arenas ha expuesto con crudeza esa realidad. Informaciones periodísticas señalan que organismos de inteligencia chilenos consideran posible un “evento crítico” relacionado con la navegación del buque chileno Danstar hacia las islas. Las mismas informaciones indican que se habría descartado inicialmente una escolta militar por tratarse de una nave comercial.
Por tanto, ya no estamos ante una discusión académica sobre descolonización.
Estamos ante la posibilidad de que una nave chilena, con bandera chilena y vinculada a intereses económicos de Magallanes, sea sometida a presión, fiscalización coercitiva o interferencia por parte de otro Estado debido a una controversia en la que Chile no es parte.
Y frente a semejante escenario, el Gobierno chileno ofrece algo peor que una mala estrategia.
Ofrece varias estrategias contradictorias.
Un Gobierno dividido frente al Atlántico Sur
La descoordinación quedó expuesta cuando una declaración conjunta entre los gobiernos de Chile y Argentina incluyó una referencia a los supuestos esfuerzos chilenos para evitar la consolidación de “actividades logísticas ilegales unilaterales” en la zona disputada.
Según informó El Mostrador, sectores de la diplomacia chilena cuestionaron que el texto hubiese sido visado por el Segundo Piso de La Moneda sin revisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si esos antecedentes son correctos, no estamos ante una diferencia menor de interpretación.
Estamos ante una falla de Estado.
La Presidencia firma una declaración.
La Cancillería cuestiona su contenido.
Defensa planifica capacidades australes.
Economía observa oportunidades comerciales.
Magallanes intenta recuperar su relación logística con las islas.
Y nadie parece dirigir el conjunto.
Cada ministerio mira una parte del mapa, pero Chile carece de una autoridad política que obligue a observar el mapa completo.
Relaciones Exteriores parece concentrada en no incomodar a Argentina. Defensa razona desde la planificación militar de largo plazo. Economía y las autoridades regionales observan las oportunidades que ofrecen las Falklands. La Armada debe ocuparse de la seguridad de la navegación. Y el Segundo Piso presidencial interviene en documentos diplomáticos sin que resulte visible una doctrina nacional capaz de armonizar todos esos intereses.
Eso no es prudencia estratégica.
Es fragmentación administrativa.
Y en una crisis internacional, la fragmentación administrativa puede ser tan peligrosa como la debilidad militar.
La ausencia del presidente Kast
Pero la responsabilidad principal no pertenece a los ministerios. Pertenece al Presidente.
José Antonio Kast construyó buena parte de su identidad política alrededor de la autoridad, la soberanía, el patriotismo y la recuperación estratégica de Chile. Sin embargo, frente a una controversia que reúne precisamente todos esos elementos, su conducción política resulta invisible.
Esa es la verdadera ausencia presidencial. No una ausencia física ni protocolar, sino algo más grave: la ausencia de una definición.
¿Considera el Presidente legítima la conexión comercial entre Punta Arenas y las Falkland?
¿Defenderá el derecho de una nave chilena a realizar esa ruta?
¿Rechazará cualquier intento argentino de convertir su reclamación sobre las islas en una capacidad de veto sobre el comercio exterior de Chile?
¿Respaldará a Magallanes si Buenos Aires intenta presionar económica o diplomáticamente a empresas chilenas?
¿O aceptará que la amistad ideológica con el gobierno de Javier Milei sea más importante que la autonomía estratégica chilena?
Esas preguntas no pueden responderlas por separado la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Armada o el Gobierno Regional de Magallanes.
Debe responderlas el Presidente de la República. Su silencio no mantiene abiertas las opciones. Las debilita todas.
Porque cuando un jefe de Estado no fija una posición, cada ministerio comienza a improvisar la suya. Y cuando los ministerios improvisan políticas exteriores paralelas, el país deja de tener estrategia y comienza simplemente a administrar incidentes.
Modernización militar sin conducción política
Sería incorrecto afirmar que Chile no hace nada en materia de defensa austral. El Ministerio de Defensa ha anunciado una planificación hasta 2043 que contempla el reemplazo de los F-5, modernización de blindados, nuevas tecnologías, infraestructura naval, patrullaje marítimo y mayores capacidades antárticas.
También se ha informado que Defensa quedó excluida de determinados recortes y que el Gobierno ha priorizado la modernización de capacidades.
Pero comprar material no equivale a tener estrategia.
Una política de defensa no consiste únicamente en renovar aviones, actualizar sistemas de tiro o construir un muelle. Consiste en determinar qué intereses se protegerán, frente a qué escenarios, bajo qué conducción política y con qué reglas de actuación.
Chile puede disponer de mejores radares, buques y aeronaves.
Pero si el Presidente no define qué debe hacerse ante una interferencia contra una nave chilena, todo ese material será una acumulación de capacidades sin doctrina política.
La diferencia es fundamental:
Las Fuerzas Armadas pueden ejecutar una estrategia.
No pueden inventarla para compensar el silencio de La Moneda.
Lo que el presidente debería ordenar
Chile necesita decisiones concretas, no una nueva comisión destinada a redactar otro documento sin consecuencias.
Primero, el Presidente debe constituir un Consejo Estratégico Austral permanente, encabezado por la Presidencia e integrado por Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Economía, Transportes, Energía, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y representantes operativos de la Armada y la Fuerza Aérea.
Segundo, debe aprobarse un protocolo interministerial para incidentes marítimos australes, con una cadena de mando política inequívoca, mecanismos de comunicación de crisis y criterios graduales de respuesta diplomática y operativa.
Tercero, Chile debe establecer una doctrina pública sobre libertad de navegación y comercio austral. La posición debe ser clara: el apoyo chileno a una solución pacífica de la cuestión Falklands/Malvinas no concede a Argentina autoridad sobre los puertos chilenos, las rutas comerciales de Magallanes ni las decisiones de empresas establecidas en Chile.
Cuarto, la Armada debe fortalecer el conocimiento del dominio marítimo austral, integrando vigilancia satelital, patrullaje aeronaval, seguimiento de tráfico y coordinación con las autoridades marítimas civiles. El objetivo no debe ser provocar una escalada, sino impedir que Chile sea sorprendido por ella.
Quinto, el país necesita reglas políticas para el acompañamiento no beligerante de naves comerciales en escenarios de riesgo. Eso no significa escoltar militarmente cada buque ni teatralizar la fuerza. Significa disponer de presencia marítima, vigilancia, comunicaciones y capacidad de reacción proporcionada.
Sexto, Punta Arenas y Puerto Williams deben ser incorporados a una estrategia nacional del Atlántico Sur, con infraestructura portuaria, mantenimiento naval, capacidad aérea, combustible, búsqueda y rescate, apoyo antártico y servicios logísticos.
Séptimo, Chile debe realizar ejercicios interagenciales de crisis que incluyan interferencias marítimas, presiones diplomáticas, campañas de desinformación, medidas judiciales contra empresas chilenas y amenazas híbridas contra la conectividad austral.
Finalmente, el Presidente debe dirigirse al país y fijar personalmente la posición chilena.
No para amenazar a Argentina.
No para alinearse automáticamente con el Reino Unido.
No para convertir una controversia jurídica en una aventura militar.
Sino para recordar algo elemental: Chile decide su política exterior, protege su navegación y defiende los intereses de Magallanes sin pedir autorización a terceros.
El patriotismo que no llega al sur
La Cámara de Diputados ya ha aprobado solicitudes dirigidas al Ejecutivo para reafirmar los tratados, formular protestas ante declaraciones que desconozcan los derechos chilenos y acelerar determinadas capacidades de defensa vinculadas a la zona austral.
La advertencia política, por tanto, ya existe.
Lo que falta es conducción.
José Antonio Kast prometió un gobierno de autoridad. Sin embargo, la autoridad presidencial no consiste en hablar más fuerte contra los adversarios internos. Consiste en coordinar al Estado cuando los intereses nacionales enfrentan presión exterior.
No basta con visitar unidades militares.
No basta con anunciar compras.
No basta con invocar la bandera.
La defensa comienza mucho antes de que zarpe un buque de guerra. Comienza cuando el Estado comprende el conflicto, unifica su posición, anticipa escenarios y transmite a los demás países que Chile sabe exactamente qué defenderá: Hoy esa señal no existe.
Argentina tiene una causa, una narrativa y una estrategia jurídica. El Reino Unido tiene presencia militar, instituciones y una política sostenida. Los falklanders tienen una posición definida sobre su futuro.
Chile, en cambio, tiene ministerios que parecen hablar lenguajes distintos y un Presidente que todavía no convierte sus consignas sobre soberanía en una doctrina de Estado.
Ese vacío no será llenado por la Cancillería ni por los mandos militares: Debe llenarlo La Moneda.
Y si José Antonio Kast continúa ausente precisamente cuando debe ejercer conducción, su problema ya no será una contradicción diplomática. Será el fracaso de su propia promesa política.
Porque un Presidente que construyó su identidad hablando de soberanía no puede desaparecer cuando la soberanía deja de ser un discurso y se transforma en una decisión.
