La Cámara fue el epicentro de una jornada empeñada en analizar la rebajas de penas a condenados por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, entregadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien mantuvo su posición de no reconocer errores y cuestionando al gobierno anterior.
Precisó que este procedimiento presenta un vacío al no escuchar a las víctimas, lo que cambiará con la tramitación de normas legales correctivas.
“No cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío en su inicio al no escuchar a las víctimas”, sostuvo y apunbtó que el actual Gobierno buscará corregirlo.
En esa línea, explicó que en el proceso de rebaja de condenas intervienen Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, como órgano técnico, las secretarías regionales ministeriales y, en último término, el Ministerio de Justicia.
Rabat sostuvo que el ministerio no evalúa técnicamente, ni adopta la resolución administrativa, sino que formaliza lo resuelto por los organismos competentes.
Agregó que, lo que corresponde ahora es hacerse cargo del problema por la vía legal, mediante la tramitación del respectivo proyecto de ley.
Sin embargo, durante su exposición no ofreció disculpas ni reconoció como error el haber otorgado dichos beneficios.
Oposición disconforme
La oposición se manifestó disconforme con las explicaciones que entregó el titular de Justicia y lo emplazaron a explicar cómo se ponderaron los antecedentes y qué revisión se hizo de los informes técnicos, considerando que una buena conducta penitenciaria no significa que no exista riesgo de reincidencia.
Por su parte, el diputado PC, Marcos Barraza como la frenteamplista Lorena Fríes cuestionaron la decisión del Presidente José Antonio Kast de no pedir la renuncia de Rabat, por lo que emplazarón al sectreario de Estado a hacerlo.
Acusación Constitucional
Ante la negativa de Rabat renunciar, cosa que están pidiendo incluso desde algunos sectores del oficialismo, la oposición seguirá a paso firme con la acusación constitucional.
La timonel del Frente Amplio, Gael Yeomans, dijo tras la sesión que “vulneraron los derechos de los niños. Hay agresores sueltos en las calles producto del error garrafal que cometieron y eso es absolutamente imperdonable”.
“Por esa razón, hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos de que un error como este no puede ser avalado por el Congreso. Vamos a trabajar seriamente en la construcción de los argumentos (del libelo), porque creemos que el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir”, precisó.
Y agregó que “si es que el Presidente Kast no ha tomado la definición (de destituirlo) e insiste en ratificar su cargo a pesar de los hechos conocidos, es nuestra obligación ejercer todas las herramientas de fiscalización y eso es lo que vamos a hacer”.
En tanto, Daniela Serrano (PC), apuntó a Rabat de no actuar apegado a la ley, ya que “él mismo se atribuyó una facultad que no le corresponde interpretar la ley”.
“Nosotros iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable; pero se retiró (anticipadamente el ministro Rabat de la Sala y) no le dio una respuesta (satisfactoria) a la Cámara. Por tanto, de manera responsable, todos los partidos presentes (opositores) vamos a impulsar una AC”, afirmó.
Y agregó que se tienen que buscar responsabilidades políticas, porque “ sabemos que este Gobierno, cuando saca a sus ministros, los pone de asesores en el Segundo Piso o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Por temas de convicción política y de resguardo a las víctimas, vamos a perseverar”.
A su vez, Irací Hassler dijo que la sesión donde participó Rabat fue “una vergüenza por parte del ministro y del subsecretario, donde no se dio respuesta a nada, donde se actuó con prepotencia, con indolencia, donde el Ministro, incluso, vino a decirnos que él lo ha pasado mal sin hablar de las víctimas. Realmente impresentable. Incluso contradice al propio Presidente de la República que dice que acá hay un error. Y hay un error y hay un horror. Y esto es gravísimo. Sin embargo, el ministro Rabat viene acá, a mentirnos y a actuar de una manera absolutamente prepotente”.
Dijo que la AC “es una realidad, después de que el Presidente tuvo días enteros para solicitar la renuncia al Ministro o él mismo hacerlo por dignidad y decencia, pero eso no ocurrió. Por eso nos obliga esta situación a acusarlo constitucionalmente”.
El timonel y diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que la AC se presentaría la próxima semana, mencionando que “tiene que ser un trabajo jurídico serio y responsable. Espero que alcancemos a ingresarla la próxima semana, ese es el objetivo”.
Subrayó que la acusación no responde solo a una responsabilidad política o constitucional, sino también a principios éticos.
“Acá hay víctimas que son niños, hay familias, papás y mamás de esos niños que están siendo revictimizados por una decisión de este gobierno de rebajar condenas a pedófilos, a violadores, a abusadores. Eso es absolutamente inaceptable”, afirmó, agregando que el PPD defenderá al 92% de los chilenos y chilenas que rechaza la medida que “el Gobierno ha venido vergonzosamente a defender a la Sala de la Cámara”.