- María José Urrutia, autora contribuyente del capítulo de gobernanza del Climate Technology Progress Report 2026 de la ONU, presentó en Antalya cómo Chile está llevando a la práctica las recomendaciones del informe: evidencia propia, regulación pertinente y participación de los territorios.
¿Cómo se incorporan nuevas tecnologías climáticas oceánicas a las políticas de un país sin adelantarse a la evidencia ni dejar atrás a los territorios? Esa fue la pregunta que María José Urrutia, directora ejecutiva del Clúster de Innovación Climática Oceánica (CINCO Chile), llevó a la COP31 en dos espacios: la presentación del Climate Technology Progress Report 2026, en el Pabellón de Océanos y Mares de Turquía, y el panel “Ocean-Climate Interventions and Community Experiences”, en el Pabellón de Canadá.
El informe, elaborado por el Centro Climático de Copenhague del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) junto al Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC) y al Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, analiza las tecnologías oceánicas para el clima: la observación y los datos, los ecosistemas de carbono azul y las nuevas técnicas para aumentar la captura de carbono del océano. Su mensaje central es que estas herramientas no reemplazan la reducción de emisiones, sino que la complementan, y que su aporte depende de cómo se gobiernen. Urrutia participó como autora contribuyente del capítulo de gobernanza y política.
El documento advierte que el marco internacional para estas tecnologías sigue fragmentado y que la inversión tiende a concentrarse donde ya existen capacidades: en 2024, América Latina y el Caribe captaron el 3,8% de la inversión global en startups oceánicas, frente al 43,5% de Norteamérica y el 30,1% de Europa. Entre sus recomendaciones, propone rutas diferenciadas según la madurez de cada tecnología, basadas en evidencia y con un enfoque precautorio; una gobernanza coherente en todos los niveles, con salvaguardas y participación; e inversión de largo plazo en observación y datos en las regiones menos estudiadas.
El contexto le da urgencia a esta discusión. En la COP31 tomó fuerza el debate sobre el overshoot, el escenario en que el calentamiento global supera temporalmente 1,5 °C antes de volver a bajar. El propio informe, citando el Emissions Gap Report 2026 del PNUMA, señala que limitar el calentamiento a 1,5 °C sin ese sobrepaso ya no es factible, y advierte que el cambio climático ya redujo en cerca de un 6% la capacidad del océano para absorber carbono. En ese escenario, la forma en que los países gobiernen hoy las tecnologías oceánicas definirá si podrán contar con ellas, con evidencia y salvaguardas, cuando las necesiten.
“El overshoot cambia la conversación: ya no basta con discutir si estas tecnologías funcionan, necesitamos prepararnos hoy para evaluarlas y gobernarlas de manera responsable. El informe entrega orientaciones concretas para hacerlo, y en Chile estamos tratando de llevarlas a la práctica: partir desde los territorios, generar evidencia propia y construir una regulación que dé certezas antes de cualquier ensayo”, señaló María José Urrutia.
De las recomendaciones a la práctica
En la presentación del informe, Urrutia expuso la estrategia que impulsa CINCO, construida desde los territorios en cuatro pasos: conocer la realidad territorial, junto a los municipios; articular la evidencia científica local, con universidades y centros de investigación; avanzar en una regulación pertinente, con el Congreso; y crear condiciones habilitantes mediante el diseño de proyectos de investigación.
Entre los avances de 2026 destacó el taller científico nacional de agosto, con más de 40 investigadores junto al Centro i~mar de la Universidad de Los Lagos y COPAS Coastal; la primera convocatoria de ANID con una línea dedicada a emisiones negativas marinas; la resolución parlamentaria que pide una gobernanza para la investigación océano-clima, impulsada tras el Diálogo Nacional Oceánico de septiembre por una bancada transversal; y la Mesa de Economía Azul, que reúne al Ministerio de Economía, la industria y la academia.
Como ejemplo de cómo se integran estos elementos, presentó el proyecto de investigación que se diseña en Puerto Montt para evaluar la mejora de la alcalinidad oceánica costera con material proveniente de subproductos de la acuicultura. Su plan científico es público y busca responder con datos locales las preguntas que el propio informe identifica como pendientes: cómo medir, cómo verificar y qué efectos tiene en los ecosistemas.
“No podemos extrapolar resultados de otros océanos a un sistema como la Corriente de Humboldt, que el informe describe como un laboratorio natural. Por eso la gobernanza tiene que empezar por la evidencia propia y por la participación de quienes viven y trabajan en la costa”, agregó Urrutia.

Diálogo con Kenia, Australia y Canadá
El segundo espacio fue el panel “Ocean-Climate Interventions and Community Experiences”, en el Pabellón de Canadá, moderado por Leonardo Valenzuela Pérez, de Ocean Visions. Allí, Urrutia presentó el caso chileno como ejemplo de liderazgo nacional, junto a Mariam Swaleh, del Ocean-Climate Innovation Hub de Kenia, y Andrew Lenton, de la agencia científica australiana CSIRO, en una conversación sobre investigación, gobernanza y participación comunitaria en intervenciones océano-clima.
Nuevas conversaciones para la región
En paralelo, Urrutia sostuvo conversaciones con instituciones científicas de Australia y del Reino Unido para explorar posibles colaboraciones en investigación y monitoreo oceánico, y se reunió con la fundación Zero Waste para conocer su experiencia en economía circular y evaluar oportunidades de apoyo técnico a iniciativas locales en Chile y América Latina.
Además, participó en el encuentro de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la delegación chilena, donde tuvo la oportunidad de plantear el aporte de la economía azul a la agenda climática del país de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2028 (UNOC4), que Chile coorganizará.
“Tenemos menos de una década para construir las capacidades que se necesitan. El informe es claro en que la gobernanza debe evitar que se reproduzcan las desigualdades: eso significa nivelar capacidades entre países, generar evidencia con salvaguardas y abrir colaboraciones para que América Latina participe en este salto tecnológico, no solo como receptora”, señaló Urrutia.


