Análisis: El acuerdo FARC-gobierno colombiano: La cuestión no es el qué, sino el cómo y el cuándo

Más allá del simbólico acto celebrado en Cartagena, se abre una compleja y multifacética etapa, plena de dudas e interrogantes que ha sido denominada “postconflicto”. Un nombre equivocado pues lo que ha concluido, en el mejor de los casos, no es el conflicto en sí sino su fase armada. Los ojos del mundo seguirán puestos en Colombia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. ¡Por eso celebra la región y celebra el planeta! Porque hay una guerra menos en el mundo. ¡Y es la de Colombia!", Juan Manuel Santos Presidente de la República.

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La reciente firma, en la bellísima Cartagena de Indias, del acuerdo entre la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército Popular (FARC-EP) y el mandatario de ese país, Juan Manuel Santos, posiblemente sea el evento político más relevante de América Latina en los últimos tiempos. No sólo ha suscitado adhesiones y rechazos, sino también provocado encendidos debates en torno a su viabilidad y posibilidades de éxito, tanto dentro como fuera de Colombia. En el fragor de estas discusiones no se han ahorrado descalificaciones para el titular del Ejecutivo, tildándolo incluso de “entreguista” y poniendo en duda su patriotismo.

En este contexto, tal vez sea conveniente diferenciar el “qué” del “cómo”. Qué son las FARC? Para quien suscribe estas líneas, y probablemente para la amplia mayoría de la ciudadanía de Colombia, son un grupo que ha sembrado la muerte y la destrucción en ese país, apelando incluso a metodologías terroristas. Con sus bombas, sus emboscadas y sus fusilamientos sumarios, han matado a miles de personas, sean civiles o uniformados; han secuestrado a centenares de personas, manteniendo a algunas de ellas en cautiverio por más de una década, en condiciones infrahumanas que ningún organismo de Derechos Humanos aceptaría para una instalación penitenciaria gubernamental; han contribuido a que Colombia sea el país con el mayor número de desplazados internos del hemisferio, al punto de albergar una oficina especial del ACNUR; con medidas de reclutamiento forzoso, han abultado sus filas con enormes cantidades de menores de edad, en un claro caso de “chicos de la guerra”; apelando a minas antipersonales, “cazabobos” y artilugios explosivos explícitamente prohibidos en la legislación internacional de los conflictos armados, han llenado el país de mutilados y amputados; finalmente, ocasionaron pérdidas materiales cifradas en miles de millones de dólares. No puede dejar de señalarse que irónicamente, al mismo tiempo que seguían ese modelo de conducta, las FARC decían actuar en nombre del “pueblo” y defender sus intereses. Postura inaceptable en un país con vigencia del Estado de Derecho, donde funcionaban plenamente los tres poderes de la República, se elegían autoridades mediante el voto libre y secreto, y numerosas leyes procuraban el respeto a los derechos y garantías individuales. Las FARC no sólo son analizables desde el prisma de las metodologías terroristas, sino también desde la perspectiva criminal, en el más estricto sentido del término. Sus vinculaciones con el narcotráfico están debidamente comprobadas y se remontan en el tiempo más de dos décadas, al momento en que se desmoronaban los dos carteles icónicos de esa actividad ilegal en Colombia, los de Cali y Medellín, este último al mando del mítico Pablo Escobar. Hay que recordar que ya a mediados de los años 90 la Procuraduría General emitió órdenes de captura contra todos los miembros del Secretariado General de la organización insurgente, por cargos de tráfico de drogas. Todo lo antedicho, nos arroja luz sobre qué son las FARC. Pero no nos dice CÓMO actuar frente a ellas. En este punto, las opciones a disposición de Santos eran básicamente dos. La primera, continuar el combate contra los insurgentes mediante el empleo intensivo de la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional), hasta vencerlos en forma total y concluyente por la vía armada, lo que sería posible aunque no en el corto plazo; este escenario conllevaba, previsiblemente, más pérdidas humanas y materiales. La restante alternativa consistía en propiciar la apertura de un proceso de negociaciones bilaterales que, de ser exitoso, reduciría muertes y daños en ambos bandos; sin embargo, como acontece en todo proceso de negociación que se precie de tal, y que aspire a ser exitoso, el Poder Ejecutivo debería mostrarse permeable a ciertos pedidos y exigencias de la contraparte, y ceder en algunos de sus posturas iniciales. Así se desprende de las experiencias de resolución de conflictos y construcción de paz de República Sudafricana (en relación al apartheid), Irlanda (respecto al IRA) e Israel-Palestina. Frente a esta disyuntiva, la Casa de Nariño ha optado por la segunda vía, sin que esto deba significar que haya reformulado su visión sobre las FARC. Se decidió el “cómo”, sin que hubiera sido puesto en tela de juicio el “qué”. Más aún, resulta inverosímil dudar de lo que Santos realmente piensa de las FARC si se tiene en cuenta que fue el ministro de Defensa durante la presidencia de Álvaro Uribe, en las épocas en que se le propinaron los mayores golpes a esa organización. Hay al menos tres elementos que, combinados, ayudan a comprender la decisión adoptada por el Presidente de la República. Por un lado, y en relación con lo antedicho, su conocimiento del real grado de fragilidad que hoy exhiben las FARC, como corolario de un prolongado período de derrotas y retrocesos, cuyo rasgo más saliente fue el desmantelamiento de su cúpula. Entre marzo de 2008 y noviembre de 2011 perdieron la vida su máximo líder Manuel Marulanda (“Tirofijo”) y los altos jefes Raúl Reyes (en la controvertida Operación Fénix), Iván Ríos, Jorge Briceño y Alfonso Cano; a esto se sumó la deserción de la máxima jefa femenina del grupo, Elda Mosquera (“Karina”), el abatimiento de decenas de jefes intermedios, deserciones de gran cantidad de guerrilleros, y la ejecución de la impresionante Operación Jaque que culminó con la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes, sin que se hubiera disparado un solo tiro. En síntesis, Santos sabe que las FARC negocian desde una posición de debilidad que les quita margen de maniobra y les impide incumplir los compromisos que deban asumir; he aquí la principal diferencia con los malogrados diálogos sostenidos en épocas del presidente Pastrana, cuando las FARC no sólo no depusieron las armas, sino que tampoco cesaron sus operaciones ofensivas. Un segundo elemento que indudablemente debe haber pesado en la conducta de Santos es el evidente hastío de la sociedad colombiana frente al conflicto armado. Este hartazgo alcanza a todas las clases sociales y posiciones ideológicas y, ante el fracaso de otras iniciativas implementadas a lo largo del tiempo, habilita a pensar en nuevas soluciones, otrora inaceptables. Vinculado con esto último, un tercer elemento que explica la conducta presidencial es su tendencia a innovar respecto a cuestiones sensibles en las cuales las recetas tradicionales no dieron resultado. Lo mismo se observa en lo que hace a su apoyo a la despenalización del consumo de drogas “blandas”, postura sostenida junto al presidente Peña Nieto de México y otros mandatarios del hemisferio en la reciente sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) dedicada al tratamiento de este tema. Volviendo a nuestra línea argumental, Santos ha decidido cómo actuar frente a las FARC, de manera innovadora. Será exitosa su iniciativa? Planteado esto de otra manera: CUÁNDO culminará definitivamente el conflicto colombiano, y pasará a ser un mal recuerdo para sus ciudadanos? Nadie parece tener aun la respuesta para ese interrogante crucial, en parte debido a la falta de experiencias similares, con las cuales realizar analogías históricas válidas. Los procesos de desarme y desmovilización de América Central, hace ya tres décadas, son de utilidad limitada debido a que acontecieron en circunstancias diferentes: por un lado, todavía se hallaba vigente la Guerra Fría; por otro, tanto el FFMLN salvadoreño como la URNG guatemalteca tenían mayor poder relativo que las FARC actuales; finalmente, la constelación de actores externos involucrados (Estados Unidos, Cuba, Grupo Contadora) era distinta, y en el caso colombiano no hay nada parecido al mandatario costarricense Oscar Arias. También son limitadas las enseñanzas que se desprenden de la desmovilización e incursión en la política del M-19 de Navarro Wolf, pues sus cuadros nunca ejercieron los niveles de violencia que caracterizaron a las FARC, ni estuvieron acusados de connivencia con el narcotráfico. Por lo pronto, ya se vislumbran dos escollos. Uno de ellos será el que planteen algunos elementos de las FARC que previsiblemente no abandonarán las armas, por motivos más vinculados con sus intereses personales que con las ideas que dicen defender, estimándose que engrosarán el número de las bandas criminales (las llamadas BACRIM) que azotan diversas regiones de la geografía nacional. Otro obstáculo podría provenir de quienes objetan las concesiones efectuadas por el Estado a los líderes farianos en diversos campos (por ejemplo en materia de representatividad legislativa o extradiciones a Estados Unidos), entendiendo que así se garantiza la impunidad de quienes actuaron por la vía armada fuera de la ley. Con los interrogantes en torno al éxito de la iniciativa gubernamental, más allá del simbólico acto celebrado en Cartagena, se abre una compleja y multifacética etapa, plena de dudas e interrogantes que ha sido denominada “postconflicto”. Un nombre equivocado pues lo que ha concluido, en el mejor de los casos, no es el conflicto en sí sino su fase armada. Los ojos del mundo seguirán puestos en Colombia.