El Presidente José Antonio Kast firmó este martes dos proyectos de ley que buscan sancionar con más severidad la violencia en los colegios y aumentar la seguridad en los recintos educacionales.
Una de las iniciativas apunta a modificar el Código Penal para sancionar con más severidad delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, tanto dentro de los recintos como en actividades extracurriculares.
El otro proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, tiene un enfoque preventivo para resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades a través de medidas de seguridad reguladas en la Ley General de Educación.
El mandatario destacó la importancia de los proyectos, porque “la violencia en las escuelas no tiene color político”.
“La vida de cualquiera de nuestros niños o miembros de un establecimiento educacional, de la comunidad educativa, no tiene color político. Este Gobierno fue elegido precisamente por la mayoría de los chilenos para devolver, para recuperar el orden, el sentido común y la autoridad”, señaló.
Escuelas protegidas
El proyecto “Escuelas Protegidas” daría facultad a los sostenedores a revisar mochilas, bolsos u otras pertenencias para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser usados para causar daño.
Asimismo, busca empoderar a los docentes para implementar medidas pedagógicas, preventivas y correctivas orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa.
De ser aprobadas en el Congreso, estas iniciativas permitirán sancionar por interrupciones en las clases con actos que afecten gravemente la convivencia escolar, inhabilidad para acceder a la gratuidad y que los escolares tengan prohibido el uso de accesorios que impidan la identificación facial.
Modificación del Código Penal
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, explicó que el artículo 12 del Código Penal establece ciertas circunstancias agravantes a las que se suman otros dos como delitos al interior de establecimientos educacionales o en su traslado, mientras que el otro está enfocado en los delitos que provoquen daños en la infraestructura del colegio.
La secretaria de Estado precisó que con estas modificaciones al Código Penal, la pena no puede aplicarse en su mínimo, sino que en su máxima porque “no es lo mismo un delito cometido en la vía pública que en un entorno donde yo mando a mi hijo a que estudie y aprenda, no es lo mismo y no podemos seguir mirando para el lado”.