El diputado y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Jaime Bassa, ofició a distintos organismos del Estado para solicitar antecedentes relacionados con la tramitación del proyecto de parque de diversiones “Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia”, luego de que se conocieran públicamente denuncias sobre eventuales irregularidades ambientales, administrativas, urbanísticas y laborales vinculadas a su desarrollo.
El requerimiento fue dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA); al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por medio de la Dirección del Trabajo; y a la Ilustre Municipalidad de Paine junto con su Dirección de Obras Municipales.
El oficio solicita informar el estado de tramitación ambiental del proyecto; remitir los antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de los deberes de imparcialidad y probidad por parte del actual Director Nacional del SEA, considerando sus gestiones previas vinculadas a la iniciativa; informar sobre eventuales investigaciones por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; detallar fiscalizaciones ambientales, laborales y municipales; entregar antecedentes sobre el accidente de un trabajador durante las faenas; e informar sobre los permisos de edificación y eventuales infracciones urbanísticas asociadas al proyecto.
“Si los antecedentes que se han conocido son efectivos, estamos frente a una situación que exige esclarecer todos los hechos. Las normas ambientales, los permisos administrativos, la protección de los trabajadores y la participación de las comunidades son garantías que limitan el ejercicio del poder y resguardan el interés público”, indicó Bassa.
Agregó que “me parece grave que la tramitación de un parque de diversiones vinculado a la familia del Presidente aparezca rodeada de cuestionamientos y que quien tuvo un rol relevante en ese proceso hoy dirija el Servicio de Evaluación Ambiental”.
“Esa situación hace indispensable despejar cualquier duda sobre cómo actuaron las instituciones. Por eso oficiamos al Ministerio del Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Ministerio del Trabajo, a la Dirección del Trabajo y a la Municipalidad de Paine para recabar todos los antecedentes de la tramitación ambiental, administrativa y laboral de este caso y verificar que el actuar de los distintos organismos se haya ajustado plenamente a la ley”, indicó.
El parlamentario sostuvo que el objetivo del oficio es que las instituciones entreguen información oficial que permita esclarecer los hechos denunciados y verificar que el proyecto se haya tramitado conforme a la legislación ambiental, urbanística y laboral vigente, resguardando los principios de legalidad, probidad e igualdad ante la ley.