Los diputados del Frente Amplio, Lorena Fries y Jaime Bassa, presentaron dos acciones destinadas a esclarecer lo ocurrido en el caso del ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la modalidad de reunificación familiar.
Lo anterior se produce por la investigación hecha por la Contraloría y que fue filtrada a la prensa, por lo que se busca esclarecer las responsabilidades correspondientes y cómo actuaron las instituciones al recibir la información, que exponía datos sensibles sobre niñas, niños y adolescentes.
Bassa presentó un oficio a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría del Interior para informar la cronología de conocimiento, coordinación y acciones en torno a la información recibida por parte de la Contraloría.
“Estamos pidiendo algo muy simple, que nos informen con claridad qué se hizo durante el tiempo al que el Ejecutivo recibió este preinforme. Porque aquí el problema no es sólo la filtración, el punto es que durante aparentemente dos meses el Ejecutivo obtuvo este informe a su disposición y no hizo nada”, señaló.
Precisó que “esta inacción puede eventualmente generar responsabilidades y el país necesita saber qué hizo el Ejecutivo con este preinforme durante dos meses antes de que se hiciera público”.
El oficio pide indicar la fecha exacta en que la Presidencia y el Ministerio del Interior tomaron conocimiento del preinforme reservado y por qué vía; la nómina de autoridades, asesores y funcionarios con acceso al documento antes de su filtración; las comunicaciones oficiales cursadas entre los servicios; las instrucciones impartidas para ubicar a los menores; la fecha y descripción de la primera acción concreta de búsqueda; y el rol específico de los asesores del segundo piso de La Moneda en la coordinación de la respuesta.
Asimismo, la diputada Fries presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el eventual delito de revelación de secretos por empleado público contra quien resulte responsable de la filtración del preinforme reservado de la Contraloría, cuyo contenido fue difundido públicamente el 15 de junio de 2026, por tratarse de un documento de carácter reservado, correspondiente a una fiscalización inconclusa.
Fries indicó que si bien se logró determinar los domicilios de los niños, niñas y adolescentes, “la filtración es la comisión de un delito, porque en ese preinforme iban datos sensibles que no podrían haber sido objeto de esa filtración. Y está claro que alguna de las instituciones que fueron parte de esa investigación que hizo la Contraloría lo filtró. Queremos saber y que se haga responsable del daño que eso produjo”.
De la misma manera, desde la bancada del FA se impulsó una Comisión Especial Investigadora respecto a este caso, que fue aprobada de manera unánime y que en los próximos días deberá constituirse para analizar los antecedentes de este caso.