La reciente aprobación –por parte del Congreso Nacional- del Proyecto de Ley Reconstrucción Nacional, Desarrollo Económico y Social (quedando solo pendiente de despacho lo referente al mecanismo de compensación al Fondo Común Municipal por exención de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, al momento de escribir esta columna), constituye una señal política y económica necesaria y contundente para Chile.
El respaldo del parlamento permite avanzar con una iniciativa - impulsada por el gobierno de nuestro Presidente, José Antonio Kast- que responde a una doble urgencia: reconstruir las zonas golpeadas por los incendios y otras catástrofes, y recuperar la capacidad del país para crecer, atraer inversiones y generar empleos de calidad. No se trata únicamente de reparar los daños producidos por sendas catástrofes y lenta (o escasa) gestión de la administración anterior, sino también de establecer las condiciones –que son urgentes y necesarias- para que las familias, las regiones y los sectores productivos puedan volver a ponerse de pie y mirar el futuro con mayor confianza.
La primera virtud de esta ley es que no sólo se focaliza en la entrega de ayudas inmediatas para los programas actuales de reconstrucción en Valparaíso, Ñuble y Biobío. Sino que también, incorpora herramientas para reactivar la economía, facilitar inversiones y fortalecer sectores productivos que han enfrentado años de incertidumbre. Reconstruir, además de levantar viviendas de calidad y en entornos seguros, o reponer infraestructura, también es concentrar esfuerzos concretos para recuperar empleos, actividad económica y algo que hemos ido comentando en nuestras últimas columnas: recuperar las confianzas.
El proyecto contempla $400 mil millones para enfrentar la reconstrucción. En regiones como Biobío, donde incendios y emergencias climáticas han dejado daños profundos, estos recursos pueden traducirse en vivienda, conectividad, infraestructura pública y apoyo a familias que deben volver a ponerse de pie.
Otro eje es la recuperación de la competitividad tributaria. La reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría busca que Chile vuelva a ser atractivo para invertir. Esto no debe analizarse únicamente como una rebaja para las empresas. La inversión es necesaria para crear empleo formal, aumentar la productividad y ampliar la base de recaudación. Sin nuevos proyectos no hay nuevos empleos, y sin crecimiento sostenido cualquier política social depende de recursos más escasos.
También es positiva la agilización regulatoria. Chile ha acumulado proyectos detenidos por procesos largos, duplicidad de permisos e incertidumbre jurídica. Dar certezas no significa debilitar la protección ambiental ni renunciar a la fiscalización. Significa establecer reglas claras, plazos razonables y responsabilidades definidas. Un Estado moderno debe proteger el medioambiente, pero también ser capaz de resolver.
La ley incorpora incentivos a la capacitación laboral, al empleo vinculado a servicios basados en conocimiento y a la reactivación de la construcción. Esto es clave para las regiones, porque permite diversificar sus economías y generar empleos de mayor calidad fuera de Santiago.
Chile necesita reconstruir, pero también volver a creer que es posible crecer. Esta ley articula ambas tareas. No resolverá por sí sola todos los problemas del país, pero si entrega una hoja de ruta y plan de acción concreto: inversión, empleo, reconstrucción, certeza jurídica y responsabilidad fiscal. Aprobarla es ya una señal de que el Congreso chileno, más allá de las diferencias, se puso de acuerdo respecto cuando el interés nacional es superior a la disputa política. Y como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, creemos en un Chile unido.