El último comunicado de la Cancillería argentina intentó cerrar la controversia provocada por las declaraciones del brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien afirmó que “Magallanes, el sur y el Drake” formarían parte de un espacio de soberanía argentina.
Frente a la protesta chilena, Buenos Aires respondió reafirmando que su posición respecto del Estrecho de Magallanes es la establecida en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, señalando además que ambos instrumentos son definitivos y plenamente vigentes.
Eso es positivo. Pero no resuelve el problema de fondo. La cuestión no es solamente lo que dice el comunicado. La cuestión es por qué estas controversias reaparecen con tanta frecuencia. Cada cierto tiempo emergen en Argentina declaraciones, documentos o interpretaciones que sugieren una lectura expansiva de espacios cuya situación jurídica quedó zanjada hace décadas.
Luego aparece una aclaración diplomática.
Después otra controversia...Y el ciclo vuelve a comenzar.
Chile no tiene ninguna obligación de aceptar que una disputa entre Argentina y el Reino Unido termine proyectándose sobre intereses soberanos chilenos.
El Estrecho de Magallanes no forma parte de la controversia de las Falklands/Malvinas. Tampoco el Paso Drake. Tampoco Punta Arenas.Tampoco Puerto Williams.
Los tratados que regulan esas materias existen precisamente para evitar que las discusiones geopolíticas del Atlántico Sur se transformen en cuestionamientos permanentes a la estabilidad austral.
Y aquí aparece una realidad incómoda para Buenos Aires.
Desde hace décadas Argentina insiste en presentar su posición sobre las Falklands/Malvinas como jurídicamente irrefutable.
Sin embargo, el conflicto continúa desarrollándose principalmente en el plano diplomático y político de Naciones Unidas, especialmente en el Comité de Descolonización (C-24).
La existencia de resoluciones y declaraciones políticas no equivale, por sí sola, a una resolución jurídica definitiva de la controversia. La disputa permanece abierta precisamente porque las posiciones de las partes siguen siendo incompatibles.
Pero incluso más relevante es que el contexto estratégico del Atlántico Sur ha cambiado.
Durante años la discusión giró casi exclusivamente en torno a la soberanía. Hoy la conversación incluye energía, rutas marítimas, logística antártica, cadenas globales de suministro y recursos estratégicos.
El propio comunicado argentino reconoce la creciente importancia del Atlántico Sur, la Antártida y las rutas marítimas australes como espacios de interés estratégico.
Mientras algunos actores continúan librando batallas narrativas heredadas del siglo XX, otros están construyendo capacidades económicas y logísticas para el siglo XXI. Esa transformación obliga a Chile a revisar permanentemente sus intereses nacionales desde una perspectiva propia, no subordinada a las prioridades de terceros.
Por ello resulta razonable preguntarse si la política chilena hacia el Atlántico Sur debe seguir siendo exactamente la misma que hace veinte o treinta años. No porque Chile deba alinearse con una de las partes de la disputa. Tampoco porque deba abandonar su tradicional prudencia diplomática. Sino porque los intereses nacionales evolucionan junto con la realidad estratégica.
Existe además un componente histórico que Argentina tampoco debería olvidar. La Guerra de 1982 dejó heridas profundas y episodios dolorosos. Entre ellos figura la actuación de Alfredo Astiz, posteriormente condenado en Argentina por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Ese pasado recuerda que el nacionalismo exaltado y la retórica militar rara vez producen soluciones duraderas para los conflictos internacionales.
Por eso el mensaje que debería surgir desde Santiago es sencillo.
Chile valora la relación bilateral con Argentina. Chile respeta los tratados vigentes. Chile apoya la cooperación antártica y austral. Pero Chile también espera que el respeto sea recíproco.
Las aclaraciones diplomáticas son bienvenidas. Sin embargo, la verdadera señal de confianza no será un comunicado publicado después de la polémica. Será que las polémicas dejen de producirse.
Porque el Atlántico Sur está entrando en una nueva etapa geopolítica.
Y en ese escenario, Chile tiene la obligación de pensar primero en Magallanes, en Puerto Williams, en sus rutas australes y en su proyección antártica. No en convertirse, una vez más, en un actor secundario dentro de una controversia que no le pertenece.
