Luego de una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, los senadores Andrés Longton (RN) y Rojo Edwards (Indep-RN) valoraron que el Ejecutivo esté dispuesto a introducir modificaciones al proyecto de reforma constitucional de seguridad que crea un nuevo estado de excepción.
En esa línea, ambos parlamentarios expresaron su confianza en que existirían las condiciones para encontrar puntos de encuentro durante su tramitación en el Congreso.
Longton manifestó que “me voy con una muy buena impresión del ministro y su equipo, porque hay disposición a hacer cambios y que la reforma no salga como entró, y eso se va a dar en la discusión legislativa en particular”.
En la misma línea, Edwards valoró "la disposición del ministro a escuchar y ceder en varias materias que permitirán fortalecer la agenda contra el crimen organizado y, en particular, las reformas constitucionales planteadas en la reunión de hoy".
Sobre las aprensiones frente al texto del Ejecutivo, Longton precisó que entre éstas se cuenta la duración del estado de excepción, la interceptación de comunicaciones, las garantías constitucionales asociadas a condenas por determinados delitos y la incorporación de la seguridad pública como materia de rango constitucional.
Respecto del estado de excepción, sostuvo que el plazo de 120 días contemplado en la propuesta resulta excesivo e incluso planteó sus reparos a la creación de uno nuevo si existe la posibilidad de fortalecer el actual estado de emergencia para alcanzar los objetivos que busca el Ejecutivo.
Al respecto, dijo que “hoy no estoy convencido de que sea necesario un estado de excepción nuevo, pues con el estado de emergencia reforzado se podría hacer la diferencia”, destacando que habría apertura del Gobierno en ese punto “porque si nos arrinconamos y atrincheramos no vamos a encontrar puntos de acuerdo”.
En esa línea, enfatizó que está dispuesto a revisar su propia posición si durante la discusión legislativa se demuestra la necesidad de una nueva herramienta constitucional.
Sobre la posibilidad de interceptar comunicaciones, en tanto, advirtió que no le parece una buena idea porque a su juicio hoy no habría dificultad llevarlas a cabo.
El subjefe de bancada RN también expresó sus dudas sobre elevar expresamente la seguridad pública a rango constitucional, considerando que la seguridad nacional ya comprende dimensiones de seguridad interior y exterior.
Afirmó que “yo por lo menos hoy no veo una diferencia y le dejé planteado al ministro que no es necesario, a no ser que me convenza de que produce una diferencia”.
En cambio, destacó la importancia de avanzar en materia de infraestructura crítica, al considerar que permitiría ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas en lugares estratégicos y generar efectos concretos en materia de seguridad.
Sobre la posibilidad de retirar la reforma, planteada por sectores de la oposición, la calificó como “un exceso” y los invitó “a que hagan propuestas y aportes constructivos en vez de oponerse sistemáticamente a la agenda de seguridad del Gobierno”.
Finalmente, sin perjuicio de lamentar la falta de trabajo prelegislativo, a juicio de Longton “lo relevante es que hay voluntad de llegar a acuerdos y el objetivo debe ser que la reforma entregue herramientas efectivas a las policías y a las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis de seguridad”.