Luego que se conociera la rebaja de penas a 56 condenados por abusos sexuales y violación de menores, desde la oposición salieron voces para cuestionar al Gobierno por la firma de los decretos y dispararon en contra, exigiendo explicar los fundamentos jurídicos de la decisión y solicitaron a la Contraloría que revise la legalidad.
Se trata de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad: 29 por violación y 27 por abuso sexual, información que fue confirmada por el propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que apuntan a decretos que se dictaron entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
El jefe de la bancada de diputados y diputadas PS, Raúl Leiva, dijo que las rebajas fueron concedidas administrativamente sin una orden judicial individual que obligara al Ministerio a otorgarlas.
“El Gobierno tomó una decisión que favoreció a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, pese a que existe una ley que excluye expresamente a los autores de estos delitos de las rebajas de condena. Nadie obligó al Ejecutivo a extender este beneficio de manera administrativa a quienes no habían recurrido a los tribunales”, sostuvo Leiva.
El parlamentario señaló que la Ley N.º 21.421, vigente desde febrero de 2022, modificó la Ley N.º 19.856 para excluir de este beneficio a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
“Una sentencia judicial obliga en la causa en que se dicta. No significa que el Ministerio deba extender automáticamente el mismo resultado a todos los condenados que soliciten el beneficio. El Gobierno pudo evaluar cada caso conforme a la ley y esperar que los tribunales resolvieran las controversias. Sin embargo, optó por conceder administrativamente las rebajas”, afirmó.
También apuntó a un cambio de criterio del propio Ministerio de Justicia. Según expuso, entre 2022 y 2025 las solicitudes se rechazaban administrativamente en aplicación de la exclusión legal, mientras que las rebajas se concedían cuando existía una resolución judicial favorable.
Detalló que el actual Gobierno mantuvo inicialmente esa interpretación al dictar, el 13 de marzo de 2026, el Decreto Exento N.º 740, que rechazó una solicitud de rebaja de condena. Posteriormente, el Ejecutivo abandonó ese criterio y comenzó a conceder directamente los beneficios.
“La pregunta es quién decidió cambiar este criterio, en qué momento y sobre la base de qué informe jurídico. La economía procesal no puede justificar que se deje de aplicar una disposición legal vigente”, enfatizó.
También cuestionó la decisión a la luz del discurso del Gobierno en materia de seguridad y protección de la niñez, aludiendo a que el 31 de agosto el presidente Kast presentó el plan “Chile Cuida a los Niños”, orientado a proteger a la infancia frente a la violencia y la explotación sexual.
“Resulta contradictorio que un Gobierno que pone la seguridad y la protección de la infancia entre sus prioridades termine concediendo rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Las víctimas y sus familias merecen explicaciones claras y una actuación coherente con ese compromiso”, señaló.
Ante estos antecedentes, el diputado solicitó:
1. Suspender la concesión administrativa de nuevas rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores cuando no exista una orden judicial que disponga el beneficio.
2. Informar los fundamentos jurídicos del cambio de criterio, indicando cuándo se adoptó y qué informes respaldaron la decisión.
3. Publicar los antecedentes de los 56 decretos, incluyendo si existió un recurso de amparo previo y los fundamentos de cada rebaja, con resguardo de los datos personales y sensibles.
4. Solicitar a la Contraloría General de la República que examine la legalidad del criterio aplicado y determine si existen eventuales responsabilidades administrativas.
“Una interpretación administrativa no puede convertirse en un mecanismo para extender beneficios que la ley excluye expresamente. El Gobierno debe transparentar sus decisiones y explicar por qué optó por una interpretación favorable a los condenados en lugar de mantener el criterio que había aplicado inicialmente”, concluyó.
En tanto, la senadora PS, Danisa Astudillo, también consideró como “gravísima” que el Gobierno haya rebajado las penas, exigiendo explicaciones.
“Mientras el Presidente anuncia su plan “Chile Cuida a los Niños”, su Ministerio de Justicia firma decretos que benefician a condenados por estos delitos”, precisó.
Apuntó que “la infancia no se protege con anuncios, sino con decisiones coherentes. Las víctimas merecen justicia y respuestas, no contradicciones ni excusas”.
El diputado PS, Daniel Manouchehri, dijo que “lo que se ha conocido es un verdadero escándalo. El gobierno de Kast, el mismo que hacía gárgaras con el tema de la delincuencia, ha rebajado las penas de 56 violadores y abusadores de niños”.
“El señor Kast le ha rebajado la pena cada tres días a un violador de niños. Esto merece una respuesta inmediata del Presidente. ¿Esta es la promesa que le hizo a los chilenos? Porque vemos ahora cuál es la agenda: seguir indultando delincuentes, que si el violador es mayor de cierta edad hay que indultarlo, hay que perdonarle su delito y hay que mandarlo a la casa. Nuestra empatía va a ser siempre con las víctimas, y nosotros estamos convencidos que aquellos que violan a los niños, aquellos que abusan de los menores, aquellos que violan los derechos humanos deben morirse en la cárcel”, mencionó.
El senador PS, Gastón Saavedra, dijo que la rebaja de pensa es una situación “vejatoria” para todas las familias que tienen hijos violentados sexualmente, apuntando que el Presidente Kast debió haber pedido más antecedentes para tomar una decisión más consistente.
En ese sentido cuestionó la retórica del Gobierno que “siempre ha dicho que va a proteger a los niños y que hará de la justicia una línea programática, inflexible. Hoy día se le falla al país, a los niños y al mismo tiempo se comete una actitud que es repudiable”.
Por su parte, el diputado frenteamplista, Jaime Bassa, señaló que “es realmente preocupante, alarmante, que se haya rebajado por decreto la condena a más de 50 personas condenadas por violencia sexual contra mujeres y contra niños”.
“Es una señal muy preocupante de los intereses y de las prioridades que tiene el Gobierno. Nosotros sabemos que en el ordenamiento constitucional no están reconocidos debidamente los derechos de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.
Bassa también recordó que ayer se presentó un proyecto de reforma constitucional para incorporar la autonomía progresiva y el Interés Superior del Niño en el ordenamiento constitucional chileno.
“Pero, este tipo de decisiones que son unilaterales, sin control judicial, que rebaja el estándar de protección de los derechos de las mujeres, de la indemnidad sexual de mujeres y de niños, nos parece que es una pésima señal para la ciudadanía. Estamos en un contexto en el cual sistemáticamente nos preocupamos de la seguridad de la población, de aumentar los estándares de control de Carabineros, aumentar la dotación y sin embargo estamos dando una señal contradictoria, prácticamente indultando violadores, indultando abusadores sexuales. Me parece que el Gobierno ha cometido un error garrafal y espero que el Ministro lo pueda subsanar a la brevedad”, apuntó.
La diputada del FA, Emilia Schneider, señaló que “es muy lamentable, es muy grave, es muy doloroso para las víctimas de este país ver como este gobierno, el gobierno del presidente Kast, se las da de humanitario, pero solo tiene piedad, solo tiene compasión con los violadores de derecho humano y con los violadores de niños y niñas”.
En ese sentido, anunció la presentación de un proyecto de ley para poner fin a las discrepancias en la interpretación de la Ley 21.421, que prohíbe la entrega de beneficios de reducción de condena a quienes hayan sido condenados por delitos de carácter sexual cometidos contra personas menores de edad.
Del mismo modo, la integrante de las comisiones de Constitución y Familia, Lorena Fries (FA), precisó que “ojalá pudiera decirlo coloquialmente, pero esto es de un cara de ... impresionante. Hace un par de semanas aprobamos, con mi voto en contra por cierto, un proyecto de ley que sube el tiempo de permanencia dentro de las cárceles en materia de libertad condicional. Una de las justificaciones que se dio eran los abusos sexuales y las violaciones, que permanezcan más en la cárcel”.
“Y ahora sabemos que mientras se suben las penas para dar una señal a la ciudadanía, resulta que por otro lado lo que están haciendo es dejándolos salir. Entonces yo me pregunto cuál es el concepto de seguridad que tiene este gobierno si los violadores y los abusadores sexuales andan por la calle mientras ponemos titulares de que no los vamos a dejar salir. Por eso digo, si se pudiera decir, esto es cara de...”, plasmó.
Asimismo, desde la bancada Indep-PPD se envió un oficio al Ministerio que encabeza Rabat, para que explique “si el Gobierno ha optado por dejar de aplicar la causal de exclusión del artículo 17 de la Ley 19.856 en 56 casos, sin que mediara una orden judicial en ninguno de ellos, corresponde que explique con precisión cuál fue el fundamento jurídico de esa decisión, quién la adoptó y en qué acto administrativo consta”.
La jefa de bancada Andrea Parra aseveró que “el Ministerio de Justicia parece más el Ministerio de la Impunidad. Es incomprensible la rebaja de condena a 56 delincuentes condenados por abuso sexual y violación de menores. Por decreto se están burlando de las víctimas, y de todos quienes confiamos en la justicia. Violentan estas acciones inconsultas del Gobierno, que se llena la boca con seguridad, pero le da la espalda a mujeres y niños agredidos sexualmente. Oficiaremos para determinar todas las responsabilidades, desde el Ministro Rabat hacia abajo”.
El miembro de la Comisión de Constitución y Justicia, José Montalva, señaló que “desde el gobierno deben explicar por qué se otorgaron 56 rebajas de condena por abusos sexuales y violaciones contra menores que, según lo informado, se concedieron sin que mediara una orden judicial. Esto es gravísimo”.
“Es por eso que como bancada vamos a solicitar las resoluciones, sus fundamentos y el criterio jurídico utilizado para considerar que no les era aplicable la exclusión de la ley 21.421 tratándose de delitos de esta gravedad. El gobierno debe transparentar si estaba legalmente obligado a conceder esta rebaja y demostrarlo caso a caso. Las víctimas y el país merecen una explicación clara”, explicó.
En la misma línea, el integrante de la Comisión de DDHH, Carlos Cuadrado , dijo que “el Gobierno ha sido claro en establecer que están obedeciendo una orden judicial. Sin embargo, la parte positiva es que se modificó la ley que permitía este tipo de rebajas y, a partir de febrero pasado, nunca más gente como la que hoy día va a tener beneficios va a poder optar por esto. Y creo que también es importante que el Gobierno, el Ministerio de Justicia, aclare cuál es su posición al respecto. Ellos pueden decir que están cumpliendo un mandato judicial, pero lo importante es que den una señal política de qué es lo que piensa el Gobierno respecto de esto y cómo va a seguir hacia adelante”.
Finalmente, Carlos Carvajal manifestó que “es realmente vergonzoso e inmoral que el Gobierno haya decidido rebajar la pena de 56 condenados por abusos sexuales o violaciones a a menores de edad, sin ni siquiera que hayan mediado recursos judiciales por parte de los condenados. Esto es abiertamente un atentado contra la vida de niñas y niños y es totalmente contradictorio con la supuesta prioridad que le quiere dar el Gobierno a la protección de la infancia”.