El diputado PPD, Carlos Cuadrado, ingresó un requerimiento ante la Comisión de Ética, para que se investiguen las declaraciones de su par republicana Javiera Rodríguez durante la discusión de la partida del Ministerio de Justicia del proyecto Presupuestos 2027, celebrada el 11 de noviembre pasado.
En el texto se solicita que “se determine si la forma en que intervino vulneró los deberes de respeto y conducta que nos impone el Reglamento de la Cámara y, de acreditarse una infracción, se aplique la sanción que corresponda”.
“No pretendo que se sancione una posición política”, señala, pero “lo que planteo es una pregunta distinta y estrictamente institucional: si para sostener esas discrepancias resulta compatible con nuestra investidura calificar a quienes defienden los derechos humanos como una compañía o como empresarios del dolor ajeno”.
Cuadrado explicó que en su intervención, Rodríguez comenzó manifestando su “repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los derechos humanos en Chile” y a “esa gran empresa llamada ‘Derechos Humanos Company’”.
Agregó que quería referirse al “monopolio de la indignación” y contrapuso a víctimas que reciben monumentos y discursos con otras que, según afirmó, ni siquiera merecen mención y más adelante señaló que “es bien fácil defender los derechos humanos cuando es funcional a tu relato político. Por eso son empresarios del dolor ajeno”.
Cuadrado es nieto del general Carlos Prats González y de Sofía Cuthbert Chiarleoni, asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires en un atentado cometido por agentes de la DINA.
“Mi familia conoce las consecuencias concretas de la violencia política y del terrorismo de Estado. Esa experiencia no me otorga una voz más valiosa que la de otros parlamentarios, pero explica por qué considero indispensable que el debate parlamentario se sostenga con seriedad y respeto. Los derechos humanos no son propiedad de una bancada, y la fiscalización del gasto público no puede quedar fuera del escrutinio parlamentario. Pero tampoco debiera convertirse el sufrimiento de las víctimas en una fórmula de descalificación general”, concluyó.