Hay errores diplomáticos. Hay interpretaciones forzadas. Y luego existen declaraciones que, por acción u omisión, terminan cuestionando los fundamentos mismos de un tratado internacional vigente.
El comunicado emitido por el Gobierno argentino respecto del tránsito del HMS Medway pertenece peligrosamente a esta última categoría.
La razón es simple. Según diversas reproducciones del comunicado y de la protesta diplomática presentada ante Londres, Buenos Aires sostiene que el buque británico realizó movimientos desde las Islas Falkland/Malvinas involucrando tránsito por espacios bajo jurisdicción argentina y presenta el episodio en el marco de una navegación asociada al territorio continental argentino. Sin embargo, los propios reportes argentinos reconocen que la derrota del buque tenía como destino final Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes en territorio chileno.
Y aquí es donde la discusión deja de ser británica y pasa a ser chilena.
Porque el problema no es el HMS Medway.
El problema es el Estrecho de Magallanes.
El artículo que Buenos Aires parece olvidar
El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 estableció un principio fundamental para la estabilidad estratégica del extremo austral: Argentina se comprometió a mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita y sin obstáculos hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Ese principio ha sido uno de los pilares del equilibrio geopolítico alcanzado tras la crisis del Beagle.
La lógica es transparente.
Ningún Estado puede utilizar sus aguas jurisdiccionales para transformarse en guardián político de los accesos al Estrecho.
Ninguno.
Ni Chile.
Ni Argentina.
Ni ninguna potencia externa.
El tránsito marítimo hacia Magallanes debe permanecer libre precisamente porque el Tratado fue diseñado para impedir que reaparecieran disputas sobre el control de las rutas australes.
Por ello resulta profundamente preocupante que Argentina vuelva a formular narrativas que, aunque dirigidas formalmente contra el Reino Unido, terminan sugiriendo que posee algún tipo de prerrogativa política sobre quién puede o no dirigirse al Estrecho.
No la posee.
Y el Tratado existe precisamente para evitar que alguien pretenda poseerla.
Una cuestión de soberanía chilena
Existe una diferencia que en Buenos Aires parecen olvidar con frecuencia.
Las Falklands/Malvinas son objeto de una controversia entre Argentina y el Reino Unido.
El Estrecho de Magallanes no lo es.
Punta Arenas no lo es.
Las aguas interiores chilenas no lo son.
La logística portuaria chilena tampoco lo es.
Cuando un buque navega hacia Punta Arenas está navegando hacia Chile.
Cuando se dirige al Estrecho de Magallanes está utilizando una ruta protegida por obligaciones internacionales específicas.
Y cuando un tercer Estado intenta introducir condicionamientos políticos sobre esa navegación, la cuestión deja de ser un problema bilateral argentino-británico y pasa a afectar directamente intereses soberanos chilenos.
Por ello el silencio de Santiago sería un error.
No porque Chile deba involucrarse en la disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres.
Precisamente por lo contrario.
Porque debe mantenerse fuera de ella.
Y la mejor forma de hacerlo es recordando que las obligaciones derivadas del Tratado de Paz y Amistad no admiten reinterpretaciones oportunistas.
El retorno de una vieja tentación
Detrás de este episodio aparece una tendencia histórica.
Cada cierto tiempo resurgen en Argentina sectores que observan el Atlántico Sur, el Estrecho de Magallanes y las Falklands/Malvinas como si formaran parte de un único espacio estratégico sometido a una misma lógica política.
Pero la geografía y el derecho internacional cuentan otra historia.
El Estrecho de Magallanes posee un régimen propio.
Chile ejerce soberanía plena sobre sus puertos.
Y el Tratado de 1984 cerró definitivamente cualquier posibilidad de que el acceso al Estrecho quedara sujeto a presiones políticas coyunturales.
Por eso las implicancias del comunicado argentino trascienden la polémica del HMS Medway.
Lo que está en juego es un principio.
Si se acepta que un Estado puede presentar como problemático el tránsito de un buque que se dirige al Estrecho de Magallanes, se abre la puerta a cuestionar indirectamente la libertad de acceso que el propio Tratado protege.
Y ese precedente sería extraordinariamente peligroso.
Una protesta necesaria
Chile no necesita responder con estridencias.
No necesita discursos nacionalistas.
No necesita entrar en la lógica emocional que muchas veces domina el debate sobre las Falklands/Malvinas.
Lo que necesita es algo mucho más simple.
Una nota diplomática clara.
Firme.
Precisa.
Y jurídicamente impecable.
Una nota que recuerde que el Estrecho de Magallanes posee un régimen internacional específico.
Que el acceso hacia él está protegido por el Tratado de Paz y Amistad.
Y que cualquier formulación que sugiera derechos de control político sobre la navegación hacia Magallanes resulta incompatible con el espíritu y la letra del acuerdo que puso fin a la mayor crisis estratégica que Chile y Argentina enfrentaron en el siglo XX.
Porque los tratados internacionales no son piezas decorativas.
Son compromisos.
Y cuando uno de ellos constituye la base de la estabilidad austral, cualquier insinuación que lo erosione merece algo más que preocupación.
Merece una protesta formal.
Y esta vez, Chile debería presentarla.