Luego que se conociera que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó los decretos para rebajar las penas a 56 condenados por violaciones y abusos sexuales a menores, la tensión y presión ha crecido cada día para que renuncie al cargo, pese a que el Presidente José Antonio Kast lo blindó en un punto de prensa el lunes en La Moneda y es que a las voces de la oposición, ahora se suman desde el oficialismo.
La senadora del PS, Danisa Astudillo, sostuvo que el secretario de Estado debe asumir su responsabilidad política por las decisiones adoptadas y cuestionó que continúe al frente de una cartera cuya función, afirmó, debe estar vinculada a la justicia y la protección de las personas.
“El ministro de Justicia tiene que dimitir, porque nos parece que no es justo que una persona que haya liberado pederastas a través de una resolución permanezca en un cargo en el cual tiene que representar al Ministerio de Justicia”, señaló.
“Si quiere de verdad liberar de responsabilidad a su Gobierno y al Presidente, lo que corresponde es que usted asuma plena responsabilidad política, dimita del cargo y pida las disculpas correspondientes a todas aquellas víctimas, esos niños y niñas que fueron abusados por pederastas”, enfatizó.
A su vez, el diputado PS, José Antonio Rivas, dijo que “este Gobierno tiene un problema grave. Nadie se hace responsable. Rebajan condenas a abusadores de niños, los fondos de pensiones registran pérdidas y nadie responde. ¿Hasta cuándo? La seguridad de nuestros niños y los ahorros de toda una vida merecen respuestas, no excusas. Y el ministro Rabat debe renunciar”.
En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) fue más allá y, además de sumarse a las peticiones de renuncia, endosó al mandatario la responsabiliad “si uno de los psicópatas vuelve a tocar a un niño, lo haremos responsable a usted Presidente”.
Raúl Leiva (PS) dijo que cualquier error, reconocido por el jefe de Estado, “merece un reproche y hacer efectiva una responsabilidad”, anunciando el uso de todas las herramientas de que se dispone para hacer efectiva esa responsabilidad.
En tanto, Carolina Cucumides, apuntó al “silencio cómplice” de la ministra de la Mujer, agregando que “el culpable real es el Presidente Kast” y todo el “Gobierno le ha dado la espalda a las víctimas”.
Además de solicitar la renuncia de Rabat, también hay sectores de la oposición que están pensando en una acusación constitucional como el PPD que al no ser atendida la petición de salida del secretario de Estado, están estudiando el inicio de este tipo de acción.
A su vez, la diputada frenteamplista, Francisca Bello apuntó a que “no hubo una orden que los obliga a entregar el beneficio, sino una decisión política con la firma del ministro Rabat”.
“Quien firmó estas rebajas tiene que responder políticamente, y las familias de Valparaíso merecen saber, caso a caso, qué pasó”, dijo.
El diputado Jaime Bassa (FA) fue, incluso, más allá y planteó sospechas sobre la eventual existencia de redes internacionales de protección a abusadores sexuales de niños y vinculó políticamente la actuación del Ejecutivo con los casos de Paul Schäfer y Jeffrey Epstein.
Asimismo, exigió la renuncia de Rabat, y sostuvo que existen razones políticas y jurídicas para avanzar en una acusación constitucional, incluso si deja su cargo.
Sin embargo, las voces que piden la salida de Rabat no solo es de la oposición, sino que también desde el oficialismo y el diputado de la UDI, Omar Sabat, señaló que el “ministro Rabat debe dar un paso al costado, porque esto está perjudicando al Gobierno”.
“El debe dejar el Ministerio, porque este es un error garrafal”, precisando que “cuando un pedófilo o un violador, a ellos hay que secarlos en la cárcel y no sacarlos con un decreto o documento que fue firmado y que lo único que hace es que salgan libres y con alto riesgod e reincidencia”.
Un día antes, el senador Indep-RN, Rojo Edwards, también pidió la salida de Rabat, señalando que “él está del lado de la justicia y piensa exactamente igual como nosotros, que tenemos que ser muy duros con los delincuentes”.
“La magnitud del error es tal que yo sí creo que el ministro no debiese seguir en su puesto”, apuntó el legislador oficialista.
Sin embargo, dijo que una acusación constitucional no tiene posibiliad de prosperar, porque “no va a tener ninguna viabilidad porque el Gobierno actuó dentro de las prerrogativas que tenía la ley y que todos sabemos que las tenía”.
“Va a arrastrar a todo nuestro sector a un problema que se va a alargar, alargar, alargar y que afecta una parte importante del corazón de lo que es nuestro sector: darle duro a los delincuentes, ser firmes con esto”, aseveró.