El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la posible acusación constitucional que están analizando distintos diputados por la polémica rebaja de condenas a 56 personas condenadas por abusos sexuales contra menores y violadores de derechos humanos, afirmando que esta acción legislativa “no tiene asidero”.
En conversación con radio Duna, Rabat dijo que “hemos actuado sobre la base de la constitución, la ley y los tratados internacionales e interpretando una doctrina reiterada de los máximos tribunales del país”.
“No tengo conocimiento de esa socialización no la he visto. Una acusación constitucional por cumplir la Constitución y la Ley me parece que no tiene asidero”, sostuvo.
En cuanto a la plémica rebaja de penas, Rabat dijo que “la decisión la tomamos en el mes de mayo del 2026, luego de haber seguido lo que había sido una tendencia que era rechazar estas solicitudes y nos preguntamos qué está pasando, por qué se está produciendo. Analizamos la historia de la ley, la modificación del 2023 y concluimos que estábamos frente a un problema de orden constitucional, legal, que también se recoge en los tratados internacionales”.
“La exclusión que estableció la modificación de 2023 para delitos extremadamente graves no aplicaba para aquellos condenados antes del 9 de febrero de 2023”, explicó.
En ese sentido, expuso que “existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma, aplicar la ley de manera inmediata, era lo que nos correspondía dictar esas resoluciones. En cada una de ellas, se insertó la explicación de por qué se estaba actuando de esa manera”.
Respecto a si se le avisó a las víctimas, Rabat señaló que “cada una de estas resoluciones leerlas es muy duro. No se avisó a las víctimas porque no es una materia, acá el órgano encargado de otorgar estos benéficos es una comisión que es la que recibe los expedientes y analiza la situación al Ministerio de Justicia le llega la resolución. Nosotros si creemos que es importante incorporar lo que se señala de la víctima”.
El secretario de Estado también asintió que este tema ha generado un problema político, apuntando a la existencia de un vacío en la legislación que está siendo abordado en esta administración.
“Hoy, consciente del problema político que esto ha generado, diagnosticamos que existe un vacío evidente que se conoce desde el año 2023 y nunca se adoptó una decisión para solucionarlo. Quedó un vacío. Existe un problema en nuestra legislación de casi cuatro años y lo que estamos haciendo es abordarlo”, mencionó.