Los diputados del PS, César Valenzuela y Juan Santana, recurrieron esta jornada a la Contraloría para que investigue eventuales responsabilidades administrativas de parte del Ministerio de Justicia, luego de conocerse posibles irregularidades en la rebaja de condenas a extranjeros que tenían órdenes de expulsión.
La información fue revelada por el medio Interferencia, indicando que entre marzo y mayo de este año “graves problemas” de coordinación entre las instituciones que tienen que velar por la expulsión de extranjeros.
Por tal motivo, ambos parlamentarios esperan que la CGR fiscalice el actuar de la cartera de Justicia y del Servicio Nacional de Migraciones y determine si hubo posibles incumplimientos del protocolo interinstitucional, que establece obligaciones de comunicación y coordinación entre Gendarmería, Migraciones y la PDI.
Indicaron que en caso de comprobarse tales hechos, la Contraloría debería adoptar responsabilidades administrativas que correspondan.
Valenzuela criticó que “este mismo gobierno que anunció que iba a expulsar 300 mil migrantes, que lo iba a hacer con sus propios recursos y que además les inició una cuenta regresiva, no solo le ha rebajado la condena a estos migrantes irregulares, sino que tampoco ha sido capaz de garantizar que esas personas hayan iniciado su proceso de expulsión”.
Explicó que el problema radica en que se le otorgó este beneficio a extranjeros que son “delincuentes” que cuenta con una condición migratoria irregular y “no consta que el Gobierno se haya asegurado que esas personas hayan sido expulsadas administrativamente”.
En tanto, Santana fustigó al Gobierno de José Antonio Kast, apuntando a que es “bueno para anunciar expulsiones a través de medios de comunicación, televisión y matinales, pero cuando tiene que concretar estos actos, hay un grado de desprolijidad que no habíamos visto en las administraciones anteriores”.


