La oposición concretó esta tarde el ingreso de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por firmar decretos que rebajaron las penas a condenados por delitos de abusos sexuales contra menores.
De esta forma, Rabat tendrá que responder ante la Cámara por tres capítulos que infringen la Constitución y las leyes por conceder rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad; por las rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad y por vulnerar el principio de probidad.
Desde el comité Indep-PC indicaron que “estamos hablando de situaciones gravísimas en las que el gobierno, con la firma del Ministro Rabat, desprotegió a niños, niñas y adolescentes, desprotegió a víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura y además, en un acto cobarde, faltó a la verdad omitiendo información relevante sobre las razones que lo llevaron a firmar estos decretos”.
Incluso apuntaron a que el “blindaje del Presidente Kast no da para más”, agregando que “Rabat debe responder por sus responsabilidades y esperamos que esta acusación sea apoyada por todos los que dicen proteger la infancia más allá del eslogan”.
Desde el PPD, la jefa de bancada, Andrea Parra, dijo que aclaró algunos puntos como que “el artículo 7 de la Constitución dice que ninguna autoridad puede atribuirse más facultades que las que la ley le da”.
“Claramente aquí hay una violación constitucional. La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones que tomó. Él sí estaba obligado a tomar decisiones dentro del marco de la ley, no como un juez de la Corte que sí tiene atribuciones para tomar decisiones y él tiene un marco normativo que la ley le obliga, respetando el interés superior del niño, los tratados internacionales y todo lo que la ley le obliga”, afirmó.
Agregó que “le advirtieron en tres oportunidades sus propios equipos, el ex ministro Gajardo, funcionarios del ministerio e hizo caso omiso. Además vino acá al congreso a mentirnos, dijo primero que sólo firmaba, que la Corte lo obligaba, que finalmente el gobierno anterior hacía lo mismo. Nada de eso es verdad. También allí se constituyen delitos”.
“Esperamos que esta convicción profunda que tiene la oposición de defender siempre, en las buenas y en las malas, a los niños y a las víctimas de crímenes tan duros como los crímenes de abuso sexual y pedofilia, hoy día tomen sentido común, y todo el Parlamento y la Cámara apruebe una acusación constitucional, dado que el propio gobierno no fue capaz de tomar las decisiones correctas”, precisó.
En tanto, el diputado Indep-PPD, Jaime Araya, señaló que “hoy día, el ministro Quiroz, en menos de cinco minutos, a través de un telefonazo, logra que se entreguen antecedentes. La situación es grave. Aquí se liberó, sin ninguna resolución judicial, sino que por una mera decisión del ministro Rabat, por orden del Presidente de la República, a violadores de niñas, a pedófilos, a abusadores sexuales infantiles, a violadores de derechos humanos, a narcotraficantes, a asesinos neonazis e incluso a miembros del Tren de Aragua”.
Asimismo, desde el PS, el jefe de bancada, Raúl Leiva, precisó que “el ministro Rabat está sometido a un reproche administrativo. La Contraloría General de la República está constituida investigando in situ en el propio Ministerio. En segundo lugar, tiene un reproche penal. Hay diputados como el diputado Santana, el diputado Cuello, que han promovido una denuncia ante el Ministerio Público. Está sujeto a un escrutinio penal, él tiene una responsabilidad política”.