Por: Patricio Dueñas, CEO y fundador de AmiPASS.
Cuando una empresa contrata a un proveedor, la evaluación no debería terminar con el precio, la cobertura o la capacidad de prestar un determinado servicio. También importa saber con quién se está haciendo negocios y qué riesgos puede significar esa relación para la propia organización.
En los últimos años, el compliance ha adquirido un espacio cada vez más relevante dentro de las empresas. Sin embargo, para que realmente cumpla su propósito, no puede limitarse a verificar que exista un contrato, una declaración o una política interna. Su valor está precisamente en permitir identificar señales de riesgo, evaluarlas y tomar decisiones antes de que exista un problema mayor.
Esto cobra especial importancia en materia de libre competencia. Cuando aparecen antecedentes que ponen en duda el comportamiento de un proveedor, las empresas enfrentan una pregunta que no siempre tiene una respuesta sencilla: ¿es suficiente esperar a que exista una sentencia o corresponde revisar esa relación mientras el proceso sigue en curso?
La discusión es especialmente pertinente a propósito del requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra Pluxee y Edenred por una presunta colusión. Será el Tribunal el encargado de determinar si existieron infracciones y establecer las eventuales responsabilidades, por lo que cualquier análisis debe partir respetando ese proceso.
Pero esperar su resultado no significa que las organizaciones deban permanecer inmóviles.
En la licitación de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) de Junaeb, por ejemplo, las empresas adjudicatarias suscribieron un Pacto de Integridad mediante el cual asumieron compromisos relacionados con la libre competencia y la transparencia durante la vigencia del contrato. Las propias bases, además, contemplan consecuencias frente a eventuales incumplimientos de esos compromisos.
Más allá de este caso particular, ahí existe una discusión relevante para cualquier organización que trabaje con proveedores: los mecanismos de integridad tienen sentido en la medida en que permitan evaluar y gestionar riesgos cuando aparecen señales que justifican hacerlo.
Esto no significa reemplazar a los tribunales ni establecer responsabilidades antes de que exista una resolución. Significa entender que la gestión empresarial y la responsabilidad jurídica operan en planos distintos. Una compañía puede respetar plenamente el debido proceso y, al mismo tiempo, revisar sus contratos, reforzar controles, solicitar antecedentes adicionales o evaluar los riesgos que una determinada relación comercial representa para su operación.
La debida diligencia tampoco debería ser un ejercicio que se realiza una sola vez, antes de contratar. Los proveedores cambian, los mercados cambian y también pueden aparecer nuevos antecedentes durante la vigencia de una relación comercial. Por eso, los sistemas de compliance necesitan incorporar mecanismos de seguimiento que permitan reaccionar de manera proporcional frente a esas señales.
Esto es todavía más relevante cuando hablamos de servicios asociados a recursos y programas públicos. En esos casos, los estándares de transparencia, competencia e integridad no son solamente una exigencia para quienes adjudican una licitación. También deben traducirse en mecanismos que permitan resguardar esos principios durante toda la ejecución de los contratos.
La libre competencia necesita reglas claras, pero también organizaciones capaces de tomarlas en serio. Si los mecanismos de compliance solo se activan después de una sentencia definitiva, corremos el riesgo de convertirlos en una formalidad más que en una herramienta efectiva de prevención.
Porque gestionar riesgos no significa anticipar culpabilidades. Significa estar preparados para actuar responsablemente cuando aparecen antecedentes que merecen ser evaluados. Prevenir, finalmente, también es parte de cumplir.